Facua ha criticado que la decisión anunciada este viernes por el Tribunal Supremo sobre convocar un Pleno de 31 miembros para confirmar o anular la jurisprudencia recogida en la sentencia, que ayer dictaminaba que eran los bancos los que debían abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria, genera incertidumbre para los consumidores.
La asociación ha recordado que el Supremo determinó en 2013 que no se podía recuperar lo defraudado con la cláusula suelo por "riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico", pero que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) fue quien finalmente dictó una resolución que protegía a los consumidores.
"Ahora, el Tribunal Supremo pretende hacer uso de un argumento similar al que fue rechazado por el tribunal europeo. La asociación no entiende que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que previamente había resuelto con una sentencia firme", ha señalado Facua en un comunicado. "Esto es un escándalo y huele muy mal", ha lamentado el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
Según explica en una nota el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo, se ha tomado esta decisión por tratarse la decisión conocida ayer de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".
De esta forma, la Sala Tercera del Supremo ha decidido someter la decisión al Pleno del organismo formado por 31 magistrados, en lugar de los 6 que dictaminaron la sentencia de ayer, para confirmar o volver a la jurisdisprudencia anterior.
