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El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha mostrado su confianza en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mejorará su propuesta de tasa de retribución financiera para las redes eléctricas para el periodo regulatorio 2026-2031 del 6,46% planteado inicialmente a un entorno del entre el 7 y el 7,7% en su versión final, ya que de lo contrario el sector estaría ante un "austericidio".
En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados del primer semestre del año, Bogas señaló que el plan estratégico del grupo recoge una remuneración combinada del 7,5%, frente al casi 6,5% que plantea la CNMC en su propuesta, por lo que, al menos, espera un incremento para llegar al 7%.
"Si se tiene en cuenta el coste de los recursos externos y también la beta, etc., podríamos llegar a algo así como el 7,7%. Pero esa es nuestra propuesta, la que enviamos al CNMC durante el período de consulta en el que nos encontramos", dijo.
El directivo de Endesa alabó que España "lo ha estado haciendo muy bien" y ha tenido "mucho éxito" en la transición energética, siendo líder, por lo que en esta nueva fase que se va a encarar, que pasa por centrarse en la demanda y en un mayor número de renovables, "la clave son las redes".
Por ello, consideró que al final se alcanzará "una posición en la que la remuneración y el marco regulatorio para las redes serán justos para todos".
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A este respecto, también añadió que la eléctrica no prevé una revisión a la baja en sus planes de inversión, ya que se mostró convencido de que la versión final tras el proceso de consulta de la CNMC "proporcionará la señal económica necesaria para abordar los desafíos de la política de energía en España".
Y es que con el marco que se ha puesto sobre la mesa, el directivo estimó que "lo más razonable es ser conservadores" en la inversión, algo que va en contra de las directrices de la propia Comisión Europea sobre inversiones en redes.
A este respecto, aseguró que la propuesta de metodología de la CNMC "no mira hacia adelante, sino que intenta anticipar lo que se necesita ahora" y "reaccionar a la demanda actual, en lugar de anticiparse a la nueva demanda", cuando Bruselas habla de unas necesidades de inversión en redes en España de unos 8.000-9.000 millones de euros anuales, frente a los 5.200 millones que se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
PRÓRROGA A LAS NUCLEARES
El consejero delegado de Endesa también ha asegurado que una prórroga de tres años en el plan de cierre del parque nuclear, que arrancaría según el calendario previsto en 2027 y 2028 con los dos reactores de la extremeña Almaraz, es "lo más probable que ocurra", ya que está basado en "razones técnicas", aunque subrayó que la decisión final corresponde al Gobierno, ya que "marca la política energética".
En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre del año, Bogas confió en que "pronto" las empresas propietarias (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) se reúnan para debatir ese futuro para el parque nuclear en España.
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El directivo puso en valor el "importante papel" de la nuclear en la descarbonización, ya que ofrece energía limpia y estable, así como la estrategia al respecto que están siguiendo en toda Europa respecto a su importancia, "que es un poco diferente o muy diferente a la que tenemos en España", añadió.
Asimismo, indicó que Endesa, junto a Iberdrola, presentó hace poco más de un mes una primera propuesta al Gobierno para aplaza el calendario de cierre previsto, aunque la misiva no contaba con la firma de los otros dos propietarios del parque nuclear -Naturgy y EDP-.
A este respecto, Bogas indicó que esta propuesta recogía una rebaja en su fiscalidad, ya que el coste total actual de la nuclear ronda los 65 euros por megavatio/hora (MWh), con unos impuestos que representan más del 25%, es decir, unos 17 euros por MWh. "Necesitamos una reducción mínima de 10 euros/MWh, y nuestra propuesta incluye la eliminación de algunos impuestos y tasas locales", recalcó.
No obstante, esta propuesta fue rechazada por el Gobierno, que estimó que no cumplía las tres líneas rojas establecidas para tramitar una petición formal, que pasan por el hecho de que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
No obstante, Bogas estimó que "todos los propietarios, no solo Iberdola y Endesa, sino todos los propietarios de centrales nucleares, están en condiciones de cumplir con este requisito establecido por el Ministerio (para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)".