ep punto de recarga para vehiculo electrico de alianza entre iberdrola y avia
Punto de recarga para vehículo eléctrico de alianza entre Iberdrola y AviaIBERDROLA - Archivo

Eximirá de autorización su conexión a la red viaria para agilizar trámites administrativos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno aprobará en las "próximas semanas" una nueva regulación con el fin de impulsar que operadores privados implanten puntos de recarga para coches eléctricos en toda la red de carreteras del Estado, según anunció el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

La medida se enmarca en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada en la que trabaja este Departamento, y busca contribuir al despliegue del coche eléctrico, toda vez que una amplia red de puntos de carga se considera como uno de los principales factores para la extensión de este tipo de vehículos.

Para ello, el Ministerio ultima una modificación de la Orden Ministerial que regula los accesos a la Red de Carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.

En concreto, este texto legal, que data de 1997, incluirá el supuesto de instalación de un punto de recarga al lado de una carretera de igual forma que ya regula la construcción de gasolineras convencionales y otras áreas de descanso y servicio, facilitando además la tramitación administrativa para ello.

"Así, se regulará la instalación, junto a las carreteras estatales, de puntos de recarga eléctrica y se promoverá el despliegue por operadores privados de una red de recarga de vehículos eléctricos", indicó Ábalos durante su intervención en el VIII Congreso de Ingeniería Civil organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos.

"Se trata de acomodar en la legislación ya existente sobre instalación de gasolineras convencionales en las carreteras, y su conexión a las mismas, el supuesto de construcción de una 'electrolinera' o una instalación mixta", detalló a Europa Press el director general de Carreteras del Ministerio, Javier Herrero.

Para ello, la nueva norma eximirá de solicitar una nueva autorización específica de acceso a la red viaria tanto a los puntos de recarga que se construyan al lado de gasolineras o áreas de descanso existentes, como a aquellos que se construyan de forma independiente en una zona que ya tenga una conexión con una carretera próxima, según se concreta en el texto de modificación de la Orden Ministerial al que tuvo acceso Europa Press.

Así, con esta medida, que además "no tiene coste alguno para la Administración", se pretende agilizar la tramitación y autorización de los accesos a las carreteras de estos puntos de recarga para evitar que una excesiva carga y gestión burocrática acabe "disuadiendo de su instalación a sus promotores", según el texto legal.

La obtención de una nueva autorización para el acceso desde la carretera al punto de recarga sólo será necesario en caso de que se estime que compromete la seguridad vial, como puede ser su construcción en un punto de concentración de accidentes.

CARRETERAS PARA COCHES AUTÓNOMOS.

Durante su intervención en el Congreso de Ingeniería, Ábalos enmarcó la medida en su disposición a "contribuir a minimizar la dependencia de los transportes del petróleo y mitigar su impacto medioambiental".

Además, aseguró que se suma a otras en las que su Departamento trabaja en virtud de su nuevo enfoque hacia la movilidad y el transporte.

En este punto, mencionó el plan de 'ferrolineras' de Adif por el que esta compañía titular de las infraestructuras ferroviarias pretende distribuir también por las carreteras cargadores que suministren la energía que los trenes generan al frenar.

Asimismo, avanzó que su Ministerio pretende fijar criterios que permitan "categorizar" las carreteras en función del grado de adaptación que presentan para la circulación del coche autónomo.

Todo ello se incluirá en la referida Estrategia de Movilidad Sostenible en que trabaja el Ministerio con el fin de tener listo un primer borrador "en unos pocos meses".

Este texto se someterá a "consulta pública" entre diferentes agentes y administraciones con el fin último de que derive en una Ley de Movilidad "que cuente con el suficiente consenso político y social".

"Una ley que será la lanzadera que hará que España transite desde sus políticas de infraestructuras y transporte del siglo XX hacia una política de movilidad segura y sostenible del siglo XXI", aseveró el ministro.

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