MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Junts per Catalunya ha avisado este miércoles de que no apoyará en su estado actual el decreto ley de Sumar para prorrogar los alquileres hasta 2028 tras calificarla de medida "intervencionista" que "no respeta las competencias de Cataluña en materia de vivienda".
El partido independentista ha afirmado que la crisis habitacional es "insostenible" y que los alquileres repuntaron en la ciudad de Barcelona durante el primer trimestre del año, así como el precio medio de los nuevos contratos.
Sin embargo, Junts ha advertido al Gobierno de coalición de que no votará en el Congreso de los Diputados a favor de la norma "si se mantienen las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios" o si no se atienden sus demandas.
"Las políticas intervencionistas del Gobierno español no solo no han logrado resolver el problema, sino que lo han agravado y lo han trasladado a municipios en los que el problema no era tan grave", ha sostenido la formación política en una nota de prensa.
Desde Junts han abogado por ejecutar "iniciativas concretas y equilibradas", como la desgravación fiscal de los alquileres para los inquilinos y de parte de la cuota hipotecaria para los pequeños tenedores; el restablecimiento de las cuentas de ahorro para la compra de vivienda; o fomentar la construcción de nuevas viviendas y sacar al mercado las ya existentes.
Asimismo, han pedido una mayor inversión pública en vivienda, el desbloqueo de la ley contra la okupación presentada por Junts hace dos años y que sea el Estado quien asuma el coste de las políticas sociales de vivienda dirigidas a personas vulnerables, y no los pequeños propietarios.
El borrador del decreto ley ya se ha trasladado a los grupos parlamentarios y se prevé que sea aprobado en la próxima reunión del Consejo de Ministros.
CRÍTICAS DESDE PODEMOS
Podemos también se ha pronunciado en contra del decreto ley de Sumar al considerar que la reforma de la Ley del Suelo es una "línea roja" que modifica el sistema de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico y el régimen de cancelación registral de los derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
El partido 'morado' cree que esto implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los futuros. También limitaría, según Podemos, la capacidad de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.