La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha rechazado admitir a trámite una denuncia presentada contra la Junta Única de Resolución (JUR) y Deloitte en relación con la resolución de Popular, que tuvo lugar en junio de 2017. La denuncia se refería a la presunta filtración de información que derivó en una fuga masiva de depósitos que llevó a la resolución del banco.
En un principio, la denuncia pedía la nulidad de la resolución acreditando la falsedad de los datos que Deloitte Belgium plasmó en su informe, el uso de información privilegiada y el hecho de que la firma de Emilio Saracho, último presidente de Popular, en el documento que declaraba la inviabilidad de la entidad no fue estampada de su puño y letra.
La denuncia fue ampliada después para incluir que la filtración de información de la JUR a una agencia de noticias provocó el pánico en los inversores, por lo que estos procedieron a retiradas masivas, lo que tuvo como consecuencia la falta de liquidez.
La jueza considera que los hechos expuestos en las denuncias ya forman parte de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción número 4, el que dirige la causa penal del caso Popular, en la que el propio denunciante ya está personado como acusación particular. Añade la magistrada que algunas de las diligencias que se piden en la denuncia "le han sido denegada por impertinentes o, como ocurre con la firma de Saracho, ya constan las declaraciones de este último como investigado en ese procedimiento".
