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El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado la apertura de juicio oral contra el presidente de Urbas Juan Antonio Acedo Fernández, a su antecesor, Juan Antonio Ibañez Fernández, y otras 12 personas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa en julio de 2015.
Además, les ha impuesto una fianza solidaria de casi 16 millones de euros. En un auto, en el que se recogen los escritos de acusación, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de Urbas Grupo Financiero SA, de otras 6 personas jurídicas y dos físicas al no existir indicios racionales de criminalidad contra ellos.
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La resolución ha declarado a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de este procedimiento, que se había iniciado en 2017 a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Así, el pasado mes de octubre, Calama había dictado el procesamiento de los acusados poniendo fin a la instrucción de este procedimiento. Entendía que se cometieron posibles delitos de estafa, delito relativo al mercado y los consumidores, delitos societarios y administración desleal.
Según el relato de la Fiscalía, Urbas había acordado en la Junta General celebrada el día 10 de julio de 2015 ampliar el capital de la compañía en un total de 384.488.000 euros. Una ampliación que se había realizado mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira Inversiones Inmobiliarias S.L.
INMUEBLES "EXTREMADAMENTE SOBREVALORADOS"
La ampliación de capital efectuada no había incluido ninguna ampliación de capital dineraria pese a la necesidad de liquidez de Urbas, llevándose a cabo únicamente una ampliación de capital no dineraria mediante la aportación de bienes inmuebles "extremadamente sobrevalorados", según ha denunciado Anticorrupción.
En sesión de 21 de mayo de 2015, el Consejo de Administración de Urbas, con asistencia de todos sus miembros, había aprobado un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación de capital. El informe, que se puso a disposición de los socios con anterioridad a la celebración de dicha Junta General, en la que se sometió a su aprobación la referida propuesta de ampliación de capital, incluía una "sobrevaloración ficticia" de los activos inmobiliarios.