Ciudadanos va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales aprobada en abril por el parlamento vasco, al considerar que su objetivo es "criminalizar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".
Según ha anunciado la formación, será la próxima semana cuando recurra la ley ante el Tribunal Constitucional, con el fin de "defender por todos los medios a los policías y guardias civiles que defendieron a la sociedad española del azote del terrorismo separatista vasco".
En concreto, la ley fue aprobada el pasado día 4 de abril en un bronco pleno del parlamento autonómico el que un diputado de Bildu llamó nazis a miembros policiales que habían acudido a la sesión. Votaron a favor PNV y PSE, en contra el PP y se abstuvieron Bildu y Elkarrekin Podemos.
El propósito de la ley es reconocer derechos y reparar a quien haya sufrido "una vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política" entre 1978 y 1999 y recaerá en distintos órganos del Gobierno vasco la tarea tramitar y resolver los expedientes.
Sin embargo, para la formación naranja, se trata de una "mal llamada ley" porque "pretende eliminar su presunción de inocencia -de la Guardia Civil y Policía Nacional- y someter su actuación a un tribunal administrativo nombrado por políticos sin ninguna garantía procesal".
UNA LEY YA RECURRIDA AL CONSTITUCIONAL
Ciudadanos ya pidió hace unas semanas al Defensor del Pueblo por medio de una solicitud formal que la recurriese al Constitucional e incluso su propio líder, Albert Rivera, anunció antes de las últimas elecciones generales que si llegase a ser presidente del Gobierno, la recurriría él mismo.
La última ley aprobada en el parlamento vasco modificaba otra similar aprobada en 2016, que no pudo ser desarrollada porque el gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso tras un acuerdo con el Gobierno vasco y la ley pudo ser finalmente aprobada.
El artículo más polémico es el que dice que las vulneraciones de derechos humanos supuestamente sufridas "se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa" que las reconozca o "por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo", añadiendo que esa acreditación "no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal".
Pese a que esta última modificación fue impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original, un error de Elkarrekin Podemos en las votaciones motivó el rechazo del primer artículo de la reforma, que incluye una de las claves para evitar que sea recurrida ante el TC.
