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Europa Press

El Gobierno es optimista con el nuevo impuesto a las transacciones financieras. Pretende recaudar con esta tasa unos 850 millones de euros, es decir, cuatro veces menos que los ingresos que obtiene Reino Unido con un gravamen similar. Se trata de uno de las únicas nuevas medidas fiscales del Ejecutivo cuya recaudación está calculada de forma razonable, pues la bolsa londinense es cuatro veces mayor que la española.

Desde hace cuatro años, Reino Unido cuenta con un impuesto similar al de transacciones financieras que quiere crear el Gobierno. Se trata del llamado Stamp Duty Reserve Tax (SDRT), que consiste en una tasa del 0,5% sobre las compraventas de acciones superiores a 1.000 libras (unos 1.135 euros).

Por este impuesto, de acuerdo con datos del gobierno británico, el país recaudó el año pasado unos 2.716 millones de libras (3.084 millones de euros al cambio actual), a lo que se suman unos ingresos de 998 millones de libras (1.133 millones de euros) por otros impuestos sobre acciones.

Teniendo en cuenta estos datos, la recaudación de Reino Unido por un impuesto similar al que quiere imponer España era el pasado año casi cuatro veces superior a la prevista por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el próximo ejercicio. La diferencia es la lógica si se tiene en cuenta que la capitalización de la bolsa de Londres es algo más de cuatro veces superior a la española.

El London Stock Exchange tenía a fecha del pasado mes de abril una capitalización de unos 3,96 billones de euros, mientras que la bolsa española registraba al cierre del mes pasado una capitalización total de 1,09 billones de euros. La diferencia es, más o menos, de cuatro veces.

INGRESOS DIRECTOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo con el plan presupuestario que España ha enviado a Bruselas, esta nueva tasa permitirá un ingreso de unos 850 millones de euros a las arcas del Estado. La recaudación de este nuevo impuesto se derivará a la Seguridad Social con el objetivo de financiar las pensiones, como explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del lunes María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Con este mismo objetivo quiso el Gobierno implantar en 2019 el fallido impuesto a la banca, que nunca llegó a concretarse. Dejando atrás esta idea, el Gobierno de Pedro Sánchez, tras llegar a un acuerdo con Podemos, ha optado por crear una tasa a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin. A pesar de su denominación, realmente solo afectará a la compraventa de acciones, a las que gravará con un 0,2%.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 incorporan esta medida como parte de la nueva batería de medidas fiscales del Ejecutivo socialista, entre las que se encuentran también un impuesto al diésel, la reducción de la exención de tributación de los dividendos traídos de filiales en el extranjero y un impuesto sobre servicios digitales. El Ejecutivo pretende ingresar 5.678 millones de euros más.

Por detrás de la limitación de las deducciones por dividendos extranjeros y el establecimiento de una tributación mínima para las compañías, por los que se ingresarán unos 1.776 millones, y la conocida como tasa Google, con unos 1.200 millones, el impuesto a las transacciones financieras será el que más recaude: 850 millones de euros.

LA BOLSA ESPAÑOLA RECHAZA DE PLENO EL IMPUESTO

BME, el grupo que gestiona las bolsas españolas, ha mostrado en varias ocasiones su oposición a esta medida. La semana pasada, sin ir más lejos, publicó un informe en el que llamaba a la “cautela” como “guía de decisiones cuyas consecuencias pueden ser contrarias al presunto bien perseguido” en momentos “de tanta provisionalidad en temas centrales para el desarrollo económico de España”. “Es una medida que claramente daña la eficacia, la eficiencia y la equidad de los mercados de capitales”, apuntaba.

En opinión de la compañía, “la puesta en marcha de esta tasa en España solo ahonda en una paradoja que la propia UE con su pausa en este tema se ha encargado de refrendar, señalando la dificultad de encontrar una solución válida y eficaz económicamente, frente a una posible vía unilateral que es solo políticamente acomodaticia y económicamente indeseable”.

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