• La banca, atemorizada ante las posibles disposiciones retroactivas
pedro sanchez pablo iglesias
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

El primer choque entre los ministros 'ortodoxos' de Pedro Sánchez y Podemos va a tener como campo de batalla la Ley Hipotecaria. La titular de Economía, Nadia Calviño, no está dispuesta a aceptar las enmiendas del partido de Pablo Iglesias, según fuentes conocedoras de la situación. Estas enmiendas tendrían un enorme impacto en la banca, como la dación en pago o la suspensión de los desahucios.

La ministra anunció el martes en el Congreso su intención de habilitar el mes de julio (aunque sea a día 10) para acelerar y evitar las sanciones de Bruselas por el retraso en la trasposición de la Directiva de Préstamos Hipotecarios (que tenía que estar aprobada en mayo de 2016). Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que hasta ahora su actitud era más bien la contraria.

Algo que se explica porque Calviño no está por la labor de aceptar todas las enmiendas de Unidos Podemos -al menos con su redacción actual-, según las fuentes citadas. La ministra era la guardiana de la ortodoxia en Bruselas como directora general de Presupuestos y no quiere apoyar una norma que puede poner en peligro la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema financiero y, por extensión, de la economía.

Un portavoz del Ministerio insiste en que "se están dando todos los pasos posibles para tramitar esta ley con la mayor urgencia posible". Y añade que "de las interpretaciones que lleguen de las enmiendas presentadas no tenemos comentarios que hacer".

UNAS ENMIENDAS QUE ASUSTAN A LA BANCA

Las enmiendas de Podemos recogen cosas como la dación en pago por el valor de tasación de la vivienda en el momento de la compra, aunque este se haya deteriorado en el tiempo. Es decir, que se pueda saldar la deuda entregando las llaves de la casa (como en Estados Unidos) al valor inicial, aunque el precio haya bajado desde entonces.

Otra propuesta es la paralización de todas las ejecuciones (desahucios) que estuvieran en marcha desde 2013 para conceder un plazo al hipotecado en el que alegar que su contrato contiene cláusulas abusivas. Es más, si ya se le hubiera desahuciado, los bancos tendrán que devolverle la casa o pagarle su importe más una indemnización del 15% por daños y perjuicios. Además, solo se podrá ejecutar la garantía tras el impago del 10% de la deuda y después de conceder al moroso dos meses de plazo para ponerse al día.

Podemos también plantea que se prohíban las ejecuciones a personas "en riesgo de exclusión residencial" si no se les proporciona otra vivienda digna, y que se obligue a los "grandes tenedores de vivienda" (eufemismo para lo que suelen llamar "fondos buitre") a ofrecerle un alquiler social en la misma vivienda. También quiere dificultar que los bancos puedan vender los pisos adjudicados por debajo de su valor inicial, aunque este haya bajado como tras el estallido de la burbuja.

Para rizar el rizo, sus enmiendas incluyen que "constituirá causa de nulidad del contrato hipotecario la negligencia demostrada que implique la concesión de un crédito hipotecario a deudores sin capacidad de pago, comprobada o evidente". O que "los prestamistas tienen la obligación de evitar un sobreendeudamiento de las familias y pequeñas empresas", para lo que el Banco de España tendrá que expedir un certificado de solvencia.

COMPLICADA SOLUCIÓN

Lógicamente, todas estas propuestas ponen los pelos de punta al sector financiero. Sin llegar tan lejos, "cualquier medida que pueda dar pie a un juez a aplicarla de forma retroactiva a toda su cartera hipotecaria aterra a los bancos", según una de las fuentes. Hay que recordar que los préstamos hipotecarios suponen el grueso de los balances de las entidades españolas, y en algunos casos constituyen un 'monocultivo', por lo que el impacto puede ser catastrófico.

Esta situación no va a ser fácil de solucionar, puesto que Podemos es el principal sostén del Gobierno de Sánchez y no va a aceptar fácilmente el rechazo de todas sus enmiendas (además, provienen del ala más radical, con Rafael Mayoral como ponente). Conciliar sus exigencias con la ortodoxia de Calviño va a ser una tarea muy complicada para el presidente, enfrascado también en otros asuntos muy espinosos como el catalán o la creación de nuevos impuestos como el de la banca.

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