Funcas ha rebajado 1,2 puntos, hasta el 5,1%, la previsión de crecimiento de la economía española para 2021 tras la fuerte revisión a la baja por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) del dato de PIB correspondiente al segundo trimestre -desde el 2,8% inicial al 1,1%-. Esta corrección modifica de forma sustancial el escenario económico, según han señalado hoy Carlos Ocaña, director general de Funcas, y Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, en la actualización de las previsiones para España 2021-2022.
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El recorte para 2021 se explica en gran parte por la demanda interna, cuya aportación se reduce en seis décimas. Destaca el menor crecimiento previsto del consumo privado de los hogares por el impacto de la subida de los precios. Su renta disponible se estancará en términos reales frente al incremento del 1,7% esperado en julio. De igual forma, la actividad empresarial acusará el alza de los costes de producción, moderándose el crecimiento de la inversión. Por el contrario, el consumo público es el principal agregado de la demanda interna revisado al alza, reflejo de la evolución del gasto de las administraciones en personal.
La contribución del sector exterior será de cuatro décimas, frente a las tres previstas en julio, debido a que el buen comportamiento de las exportaciones compensará la pérdida de vigor de la economía mundial.
Los indicadores disponibles del tercer trimestre apuntan, en general, a un importante repunte del crecimiento y permitirán compensar el débil comportamiento de la economía entre abril y junio, sobre todo, por un rebote del turismo más vigoroso de lo estimado.
Aunque la intensificación de las disrupciones de la cadena de suministros y el ciclo alcista de costes energéticos podría frenar la recuperación en los próximos meses, para 2022 se prevé un crecimiento del PIB del 6%, dos décimas más que la anterior previsión. La demanda nacional seguirá siendo el motor de la economía con una aportación de 5,4 puntos, una décima más de lo estimado en julio. El consumo privado se ha revisado al alza debido al desplazamiento a 2022 de parte de la demanda embalsada que se esperaba para este año y al aumento de la renta disponible en términos reales de las familias por el freno del brote inflacionario a partir de primavera. Para el consumo público, se han incorporado los principales supuestos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de los que se deriva un consumo público ligeramente menos expansivo de lo previsto en julio. Por último, la inversión es el componente que más aumenta, por el empuje de los fondos europeos y la mejora del excedente bruto de explotación, que recuperaría el nivel precrisis en términos reales. La demanda externa aportará seis décimas.
El encarecimiento de la electricidad y otros productos energéticos, unido a los cuellos de botella de suministros como los semiconductores, los metales y los minerales, seguirán presionando la inflación. El deflactor del consumo privado se ha revisado al alza hasta el 2,7% para 2021 y el 2,2% para 2022.
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La mejora de la economía se percibirá en el mercado laboral y, en términos EPA, el número de ocupados podría alcanzar el nivel precrisis a finales de 2022. Sin embargo, la tasa de paro será del 14,6%, aún lejos del nivel prepandemia. La previsión incluye el riesgo de desempleo e inactividad de los más de 200.000 trabajadores todavía en ERTE.
A pesar de que la recuperación también incidirá en el saldo presupuestario, el déficit público será del 6% en 2022, un desvío de un punto respecto al proyecto de PGE. La deuda pública se situará en cotas próximas al 117% del PIB.
Como riesgos principales para la recuperación, Funcas advierte de que el ciclo alcista de costes podría ser más persistente de lo previsto y, de durar más allá de la primavera próxima, los hogares y las empresas se enfrentarían a recortes de poder adquisitivo que restarían vigor a la demanda. La inflación alcanzaría el 2,9% en 2022 (siete décimas más que en el escenario central), frenando el rebote de la demanda interna, y el crecimiento del PIB se recortaría hasta el 5,5% (medio punto menos).
Además, en ese hipotético escenario de presiones inflacionarias más persistentes, el BCE podría endurecer las condiciones monetarias, lo que se reflejaría en los costes financieros para las administraciones y los sectores más endeudados. Si bien no tiene por qué afectar a la recuperación de la economía, la “normalización”, incluso gradual, de la política monetaria sí pondrá a prueba la política económica española y su capacidad para hacer reformas y crear un entorno propicio a la inversión, aprovechando los fondos europeos.
