La CNMV va a ser el nuevo objetivo del Gobierno. El PSOE está tomando el control de todos los organismos teóricamente independientes -con la llamativa excepción del Banco de España, al menos de momento- y ahora le toca al supervisor de los mercados. Para ello, va a aprovechar la vacante que deja en el consejo Beatriz Viana, exdirectora general de la Agencia Tributaria con el PP.
Según fuentes conocedoras de la situación, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, está tratando de tender puentes con la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño para facilitar la entrada de los socialistas en el consejo del supervisor. Y le ha propuesto aprovechar el fin del mandato de Viana para ello: la idea es, en vez de renovarla, sustituirla por otro consejero afín al PSOE.
Con este cambio, el actual Ejecutivo consolidaría su dominio sobre el organismo, donde quedarían como vestigios del Gobierno anterior Juan Manuel Santos-Suárez, aparte del propio Albella y de su vicepresidenta, Ana María Rodríguez-Pina. Hay que recordar que el secretario general del Tesoro (Carlos San Basilio, nombrado por Calviño) y el subgobernador del Banco de España (hasta ahora Javier Alonso y, en breve, Margarita Delgado) son consejeros natos de la CNMV.
Las fuentes citadas explican que Albella quiere tener una relación fluida con el nuevo gabinete y, en especial, con Calviño, a pesar de que no puede ser destituido hasta que su mandato finalice en 2020 (fue nombrado en 2016 por acuerdo del PP y Ciudadanos). Entre otras razones, por la necesidad de sacar adelante la crucial trasposición de MiFID 2, la directiva europea de los mercados e inversiones, que supone un terremoto para el sector financiero.
Dado que esta norma debería haber entrado en vigor en enero, la CNMV está imponiendo algunas de sus disposiciones de forma informal, pero carece de potestad para sancionar los incumplimientos. De hecho, los bancos están presionando a la ministra para que modifique la redacción dada por el PP a la norma para poder volver a cobrar retrocesiones de comisiones a los fondos.
Si se confirma esta jugada, el único organismo teóricamente independiente que no estará controlado por el partido en el Gobierno será el Banco de España, donde Pablo Hernández de Cos -hasta entonces director de estudios- fue nombrado gobernador justo antes de la moción de censura y donde ha sido escogida para subgobernadora Margarita Delgado, inspectora de la casa que era subdirectora general del BCE.
