- Entre las ciudades con el agua más barata y la más cara, hay una diferencia de 1,5 euros por metro cúbico
- El 55% de los españoles vive en municipios con gestión privada o mixta del agua
La ONU establece que la factura del agua no puede suponer más del 3% de la renta disponible de una familia. Según el último estudio editado por el Consejo General de Economistas, titulado "La gestión del agua en las ciudades", en España una familia dedica al agua menos del 2% de su renta disponible, y en 42 de las 79 principales ciudades del país no llega al 1%. El esfuerzo que hacen las familias españolas para pagar el agua es el segundo más bajo de toda Europa, solo por detrás de Italia.
En España, pese a ser un país menos húmedo, el precio unitario del agua (después de aplicar IVA y otros impuestos) solo es más barato en Portugal, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria e Italia. Según las cifras del informe, el precio unitario de un metro cúbico de agua en España es un 35,3% más barato que la media europea.
La comparación de los precios entre ciudades españolas muestra una diferencia de casi 1,5 euros por metro cúbico (0,53 euros en la ciudad más barata y 1,92 euros en la más cara).
Tal y como se desglosa en el informe, en España el recibo del agua puede incluir, además del consumo, otros conceptos vinculados al ciclo del agua (cuotas de saneamiento y depuración, cuotas de disponibilidad o cánones, por ejemplo). Una factura de agua en España se divide así: abastecimiento (49%), cánones autonómicos y locales (30%) y saneamiento y depuración (21%).
GESTIÓN PÚBLICA O PRIVADA
El 55% de la población española vive en municipios con gestión privada o mixta
Una empresa privada participa en la gestión del servicio urbano de aguas en el 23% de los municipios españoles, aunque se trata de municipios grandes y engloban al 55% de la población. En las ciudades más grandes (capitales y ciudades de más de 100.000 habitantes), la participación privada en la gestión ocurre en 46 de 79. En 33 de ellas, el servicio es gestionado directamente por las ciudades.
La conclusión final del estudio es que la diferencia de precios entre ciudades tiene más que ver con las diferencias geográficas que con el tipo de gestión, puesto que las zonas donde se paga más por el agua suelen muy secas o estar en las islas.
"PRIVATIZAR EL AGUA"
Los autores del informe explican que, por ley, los ayuntamientos pueden decidir cómo gestionar el servicio de aguas, si directamente o mediante una concesión. Por ello, alegan que las críticas a las privatizaciones de los servicios de abastecimiento sobre que se "privatiza el agua" no son ciertas. "La titularidad del servicio y el control del mismo corresponde, en todos los casos, al municipio", explican, y añaden que "esto no prejuzga quien vaya a hacer la gestión".
Los autores del informe defienden la colaboración público-privada
El informe defiende la colaboración público-privada en la gestión de las aguas españolas: "Encomendar la gestión a una empresa privada, a través de un concurso público y retener la responsabilidad última es la mejor solución para aprovechar todas las ventajas". Los autores del informe añaden que la colaboración púbilco-privada suma "la eficiencia privada en la gestión y el marco de actuación pública, en representación de los intereses generales".
Igualmente, argumentan que "los estudios sobre eficiencia de las distintas formas de gestión del suministro de agua a los hogares avalan la mayor eficiencia de la empresa privada en la gestión del suministro". En el informe señalan que la gestión privada es más eficiente por las economías de escala que puede conseguir un operador privado al actuar en varios municipios y por su capacidad para gestionar mejor el factor trabajo que en el ámbito público.
Por último, los autores del informe explican que 49 de las 70 principales ciudades españolas tienen algún tipo de tarifa especial para colectivos con menos recursos económicos. En las que se aplican tarifas por bloques crecientes, el primero está diseñado para que los hogares tengan acceso a un volumen de agua básico a un precio razonable; ante esto, defienden que de las 20 ciudades que fijan un precio más bajo para el bloque básico, 14 (incluidas las tres más baratas) tienen un sistema de gestión indirecta.
