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La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (d), a su llegada a su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en el Senado.Pool

El Proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno va a llevar al Congreso de los Diputados quiere ser un antes y un después no sólo para el sector energético, sino para el tejido empresarial en general porque va a ir más allá de las industrias teóricamente implicadas, como las eléctricas o los fabricantes de coches. Por ejemplo, va a conllevar a todas las cotizadas que sean más transparentes sobre los riesgos que viven.

En concreto, el proyecto que ha elaborado el Ministerio encabezado por Teresa Ribera contempla que todas las empresas cotizadas, además del sector financiero (entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras) tengan que elaborar cada año un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que va a ir adoptando para mitigar su impacto.

Además, recoge que entidades financieras deberán publicar cuáles son sus objetivos específicos en descarbonización de su cartera de préstamo e inversión. Unos objetivos que deben estar alineados con el Acuerdo de París y que se hará efectiva a partir de 2023.

Informar sobre los riesgos a los que se enfrenta una empresa cotizada no es nuevo. Las cuestiones medioambientales ya aparecen reflejadas en diferentes informes elaborados por las firmas en bolsa, bien sea en sus informes de sostenibilidad o a la hora de informar sobre los riesgos a los que se enfrentan sus negocios y actividades, cuando realizan emisiones de deuda, por ejemplo.

LOS REGULADORES

Los informes de las cotizadas no son la única medida que contempla el proyecto que empieza su tramitación en Cortes. También va a obligar a los reguladores a definir cuál es el entorno en el que operan las compañías supervisadas.

Recoge que tanto el Banco de España, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones deberán elaborar, de forma conjunta y cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo y que será remitido al Congreso de los Diputados.

A partir de ahora, comienza la negociación parlamentaria del Proyecto y el juego de mayorías hace previsible cambios es el texto que ha elaborado el Ejecutivo. Por ello, de momento, las empresas aún tienen margen para esperar cambios.

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