Parece que la difícil situación que está viviendo el sistema de pensiones empieza ¡por fin! a preocupar a nuestros políticos tras meses ignorando un hecho incuestionable como es el de la insostenibilidad del actual modelo. El último informe del Banco de España publicado hace unos días ha cuantificado la diferencia existente entre lo que aporta cada trabajador durante su etapa laboral y lo que recibe cuando se jubila: 1,7 euros por cada euro aportado, lo que supone un 74% más.
Aunque ahora quieren hacernos creer que ha sido el coronavirus el detonante de este repentino interés y que si se ralentiza la recuperación del PIB, como es de esperar, se tendrá que emplear más dinero para financiar las pensiones, todos los que trabajamos en este sector sabemos desde hace muchos años que esta “fiesta” tenía que terminar algún día.
Sorprenderse ahora de las consecuencias de mantener un sistema antiguo que tenía en cuenta una esperanza de vida casi diez años inferior a la que tenemos ahora no es muy creíble. Como he dicho otras veces, estamos ante un problema político: ¿quién se atreve a contrariar a 8,8 millones de pensionistas?
Me alegra saber que el ministro José Luis Escrivá ha enviado una carta a los sindicatos y a la patronal emplazándoles a septiembre para empezar a dialogar sobre el sistema público de pensiones. Es una buena noticia, por necesaria. Ahora bien, desconfío y mucho de lo que podemos esperar de estas reuniones dada la polarización política que vivimos. Para empezar, UGT ha acusado al Banco de España de “alarmista” por ese informe sobre los costes de las pensiones. Creo que así empezamos mal. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Si de verdad queremos empezar a arreglar este problema, dejémonos de buscar culpables, busquemos soluciones y asumamos que vivimos en un momento diferente: menos aportaciones a la seguridad social por salarios más bajos y por el aumento del número de parados, hucha de las pensiones vaciada, más esperanza de vida para los jubilados…
Bienvenidas sean todas las iniciativas, pero si queremos ser europeos de verdad, busquemos fórmulas que impliquen al Estado, a las empresas y a los trabajadores. Una fórmula mixta, pública y privada, que nos traiga un sistema válido para los próximos 100 años y garantice la jubilación más allá de los intereses de nuestros partidos políticos.
