Los socialistas apuntan que tras su cierre la página podrá recurrir ante la justicia esta decisión
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El PSOE, PP y Ciudadanos han registrado en el Congreso una enmienda conjunta a la Ley de Propiedad Intelectual en la que se proponen que el cierre de páginas web que hayan incumplido de forma reiterada esta norma no requiera de una autorización judicial. El apoyo de las formaciones lideradas por Pablo Casado y Albert Rivera a esta iniciativa garantizan que pueda salir adelante en la Cámara.
El texto que proponen las tres formaciones indica que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa".
Esta medida supondría dejar en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como Comisión SINDE, el cierre de estas páginas. Es decir, de un órgano ejecutivo y no de uno judicial.
Según han explicado a Europa Press fuentes socialistas, es "incorrecto" decir que esta enmienda suprime el requisito de una autorización judicial previa para cerrar una web, ya que se trata de una medida que se podrá tomar sólo cuando la web reitere su incumplimiento de la propiedad intelectual en hasta tres ocasiones.
Las mismas fuentes han indicado que si una web incurre en un delito de propiedad intelectual, por ejemplo, colgando en la red una película de la que no tiene derecho, esta se cerrará sólo si hay resolución judicial. Lo mismo ocurre si al cabo de un año se levanta la sanción y esta misma web con el mismo contenido vuelve a funcionar. Es sólo cuando hay una tercera reiteración en su comportamiento, cuando la Comisión SINDE podrá actuar sin autorización judicial previa.
PODEMOS VOTARÁ EN CONTRA
Así, precisa que debe haber dos resoluciones antes de que se pueda actuar por parte de un órgano ejecutivo, y, además, desde el PSOE precisan que hay un control judicial posterior, ya que la web puede recurrir su cierre ante los tribunales.
Esta medida ha recibido las críticas por parte de Unidos Podemos. Su portavoz de Cultura, Eduardo Maura, ha asegurado que su grupo parlamentario no votará a favor de estos cambios en el artículo 195, un texto que, según ha explicado es "ya de por sí muy delicado" y cuya redacción "no era clara" ya en la anterior normativa. Maura advierte que este artículo "tiene consecuencias importantes en materia de multas y sanciones".
"Defendemos el primado de la vía judicial para resolver los conflictos que de hecho se dan y que la justicia tenga más recursos en la materia. Así podrá fallar antes y con más garantías", ha explicado el diputado 'morado'.
Precisamente, un exdiputado del grupo confederal en la anterior legislatura, David Bravo, ha iniciado una campaña de protesta a través de Twitter. A través de varios mensajes ha explicado que esta propuesta de eliminar el control judicial para cerrar webs se frenó en 2011 porque "era una píldora demasiado grande para nuestras tragaderas". Para Bravo la decisión tomada ahora por PSOE, PP y Ciudadanos se puede deber a que ahora creen que la ciudadanía tiene "las tragaderas mucho más anchas". "No se equivocan", ha apuntado.