El Gobierno está estudiando la posibilidad de que las pymes y los autónomos puedan retrasar el próximo pago de impuestos. Hacienda contempla que se pueda posponer el plazo del 20 de abril para que las empresas presenten sus primeras autoliquidaciones del año. En esa fecha, las empresas han de ingresar al Estado las retenciones del IRPF de sus trabajadores, el IVA y el pago fraccionado de Sociedades.
Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, al que ha acudido para solicitar la prórroga de la vigencia del estado de alarma hasta el próximo 26 de abril.
Fuentes gubernamentales consultadas por El País apuntan que podría aplicarse a declarantes con hasta 600.000 euros de facturación anual. Según las estadísticas de IVA de 2018 de la Agencia Tributaria, esta medida incluiría a unos 3,4 millones de contribuyentes.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el miércoles en una entrevista concedida a Antena 3 que preparaba medidas adicionales para paliar el impacto de la crisis del coronavirus: “Seguimos estudiando alguna cuestión para que los plazos se puedan prolongar y no haya dificultades a la hora de la presentación”.
El pasado lunes, Valentín Pich Rosell, presidente del Consejo General de Economistas de España, y Jesús Sanmartín Mariñas, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales, pedían en una carta abierta a la ministra de Hacienda “la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicha norma, estableciendo un segundo vencimiento alternativo hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se amplíe hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliará por los días que exceda de dicha fecha”. De esta forma, los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrían hacerlo y, si son pymes, conservarían la posibilidad de aplazar su pago seis meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020.
