La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, mantendrá en su puesto a su actual directora de campaña, Isabel Gallego, imputada en la ‘operación Púnica’, que investiga una trama de malversación de caudales públicos y contratos irregulares.
Según informa el diario Público, que cita fuentes del PP, Aguirre mantendrá a Gallego en sus puestos de directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid y jefa de campaña. Gallego ha sido interrogada este viernes en calidad de imputada por la Guardia Civil, que le atribuye pagos con dinero público para mejorar la imagen en Internet de políticos del PP.
Aguirre fichó a Gallego en 2003 como directora de Publicidad y Medios
La colaboración de Gallego con Aguirre se remonta a 2003, cuando se incorporó como directora de Publicidad y Medios, procedente del diario ABC. Actualmente, compagina este puesto con la organización de la campaña de Esperanza Aguirre a la Alcaldía de Madrid.
La ‘operación Púnica’ desarticuló una trama de corrupción a finales del pasado mes de octubre. La Guardia Civil arrestó entonces a 51 políticos y ediles del Partido Popular, entre los que se encuentra el ex número 2 de Aguirre, Francisco Granados. También fueron detenidos funcionarios y empresarios supuestamente implicados.
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GALLEGO DECLARARÁ ANTE EL JUEZ
Las autoridades investigan si Gallego gastó dinero público en trabajos para mejorar la imagen de los cargos políticos en las redes sociales, según ha informado Europa Press. Estos informes se centraban en el Partido Popular de Madrid, en el presidente y en los consejeros autonómicos.
Estos trabajos, que relacionan a Gallego con Alejandro de Pedro Llorca, fueron enviados por correo electrónico, por lo que los investigadores estarían teniendo grandes dificultades para demostrar su presunta realización, a pesar de que fuentes citadas por El País han insistido en que estos trabajos sí que se hicieron.
Gallego ha transmitido a la Guardia Civil que quiere declarar ante el juez Eloy Velasco por los presuntos contratos, que rondarían los 1.500 euros mensuales y que se firmaron en 2012. Ha justificado la existencia de este negocio con que la sede del Gobierno regional no tenía capacidad para trabajar con un volumen de información tan grande.
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