Bruselas está trabajando en la puesta en marcha de la "intervención de emergencia" del mercado eléctrico, anunciada por Ursula von der Leyen, y que tiene como objetivo poner freno a la escalada de los precios de la energía. Entre las medidas a implementar destacan la limitación del precio de las energías renovables y se desaconseja ampliar la excepción ibérica.
Según desvela el diario 'El País', gracias a un documento de los técnicos de la Comisión Europea al que ha tenido acceso, estas iniciativas irían acompañadas de una “reducción coordinada de la demanda” de electricidad que se impulsaría no solo entre las empresas, sino también a nivel del consumidor privado.
Los funcionarios del departamento de Energía trabajan en una solución urgente que permita contener el elevado precio de la factura de la luz, que ha provocado que la inflación se dispare en el conjunto de la zona euro.
Sobre la mesa cuentan con varias opciones, de las que se están analizando los pros y contra. La excepción ibérica también ha sido sopesada, pero, en principio, no estaría entre las recomendadas porque, aunque ha logrado una reducción de las tarifas, la medida "incentiva el uso de gas para la generación de energía", algo que choca con el objetivo de reducir su consumo en un 15%.
"Un tope en el precio de la electricidad ganada por los generadores 'inframarginales' (como las renovables, incluidos algunos tipos de hidroenergía, o la nuclear) para garantizar que no logran ingresos significativos excesivos respecto a su coste", proponen los técnicos. De llevarse a cabo esta medida, subraya el documento interno de 23 páginas, esta debería beneficiar "íntegramente" a los consumidores de energía.
Esta limitación de los ingresos para los generadores de las plantas inframarginales "supondría beneficios financieros adicionales para los Estados miembros", asegura el documento, que indica que estos ingresos resultantes deberían ser compartidos con los consumidores con el fin "de reducir sus facturas".
Los países contarían además con recursos para financiar las intervenciones en los precios minoristas. En este sentido, "el paquete proporcionaría mayor seguridad jurídica a los esfuerzos de los Estados miembros por proteger a determinados tipos de consumidores del impacto de los altos precios de la electricidad a través de tarifas reguladas", destaca el documento.
Los expertos consideran viable que forme parte de un “paquete de invierno”, es decir, dentro de las medidas que deberían aprobarse de forma más urgente de cara al frío que se avecina esta temporada y que desarrolla un borrador que todavía no cuenta con el visto bueno de los responsables políticos.
