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Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. @ZelenskyyUa (Twitter)

La Unión Europea y Ucrania han firmado este lunes el acuerdo de ayuda macrofinanciera de 18.000 millones de euros para 2023, que contempla un primer desembolso esta misma semana de 3.000 millones, un plan con el que el bloque busca garantizar la fluidez económica de Kiev en plena agresión militar rusa.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha firmado el memorando de entendimiento con Ucrania que establece todas las condiciones del paquete de apoyo económico a Kiev, dotado de 18.000 millones y que fue adoptado formalmente por los Veintisiete el pasado diciembre. "Esto ayudará a Ucrania a cubrir sus necesidades más acuciantes con un flujo estable de pagos durante todo el año", ha valorado el comisario letón.

Por su parte, el ministro de Finanzas ucraniano, Sergii Marchenko, ha publicado una fotografía firmando dicho documento y ha insistido en que los fondos servirán para hacer frente a las necesidades presupuestarias ucranianas para 2023. "Agradecido a la UE por destinar a Ucrania ayuda predecible y en tiempo", ha apuntado.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha valorado el apoyo europeo a las autoridades ucranianas. "Ayudar a Ucrania a satisfacer sus necesidades financieras para hacer frente a la agresión rusa es crucial y urgente", ha afirmado la líder del Ejecutivo comunitario.

Este paquete toma la forma de préstamos en condiciones favorables y está condicionado a reformas de calado por parte de Kiev, si bien Bruselas ha mostrado gran flexibilidad con Ucrania en el contexto de la invasión rusa.

La propuesta salvó en diciembre el rechazo de Hungría, que finalmente aprobó el paquete después de una negociación en la que los Veintisiete aceptaron rebajar la cantidad de fondos de Cohesion congelados al gobierno magiar por la falta de avances en la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho.

Finalmente la UE acordó congelar 6.300 millones de ayudas europeas a Hungría, frente a la propuesta inicial de Bruselas de suspender un 65% de los programas afectados, es decir, 7.500 millones de euros.

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