- El fiscal general del Estado propone actuaciones contra Mas, Ortega y Rigau por cuatro delitos
La cúpula de la fiscalía ha avalado la querella presentada por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, por cuatro delitos relacionados con la celebración de la consulta del 9-N en Cataluña, a pesar de estar suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
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La propuesta del fiscal general ha contado con el respaldo casi unánime de la Junta de Fiscales de Sala, que, a diferencia de los nueve fiscales del TSJ de catalán, sí ven indicios de delito en la actuación de Artur Mas, según informa ABC. Lo que todavía no queda claro es cuándo se presentará esta querella en los tribunales catalanes.
A la reunión han asistido 24 de los 27 miembros de dicho órgano y, si bien no ha habido votación, sólo un fiscal se ha mostrado reticente ante las tesis de Torres-Dulce, se trata del fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.
Así, Mas, Ortega y Rigau serán investigados por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9-N.
La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado este miércoles su reunión poco después de las 10:00 horas y se ha alargado durante cuatro horas para debatir la propuesta de Torres-Dulce de dirigir una querella contra Mas y los miembros de su Gobierno.
CUATRO HORAS DE REUNIÓN
Torres-Dulce ha defendido en su argumentación que la consulta celebrada el pasado 9-N fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya" y que ello se articuló principalmente a través de la web www.participa014.cat. Frente a ello, y conociendo sus obligaciones, el Govern "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designo original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones.
Sostiene Torres-Dulce que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre fue "absoluta, tajante e inequívoca", "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.
Asimismo, según Torres -Dulce "el incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9N, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional", añade la propuesta de modo tajante; los hechos a su juicio "integran todos los elementos delito de desobediencia".
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