- La llamada ha sido “cordial” y de tipo “protocolario”
- Tanto el president de la Generalitat como el líder del Gobierno han constatado la necesidad de dialogar
Deshielo. El flamante Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuya composición se dará a conocer en las próximas horas y el Govern de la Generalitat coinciden en que la única vía para acabar con el bloqueo institucional que ha dominado las relaciones entre el Estado y Cataluña es el diálogo. Pero la lista de cuestiones en las que están de acuerdo podría empezar y acabar ahí, en cualquier caso, el president de la Generalitat ya ha iniciado la aproximación hacia Rajoy con una llamada telefónica.
Informa Efe, citando fuentes del Govern que Puigdemont telefoneó a Rajoy para felicitarle por su investidura y su toma de posesión como presidente del Gobierno y que la conversación que mantuvieron fue “cordial” y de tipo “protocolario”. Ambos se han emplazado a hablar más adelante, una vez se haya constituido el nuevo Ejecutivo, sin concretar aún una reunión.
La conversación que mantuvieron Puigdemont y Rajoy fue “cordial” y de tipo “protocolario”
La necesidad de diálogo es un hecho que ambos han constatado, así, se prevé que se celebre una reunión aunque la fecha ha quedado en el aire, a la espera de que Rajoy acabe de constituir su nuevo Gabinete ministerial, ya que la primera reunión del Consejo de Ministros se celebra el próximo viernes.
NEGOCIACIONES CON CATALUÑA
A la espera del anuncio definitivo de la composición del nuevo Gobierno, un borrador del organigrama ha dado alguna pista, al menos en lo que se refiere a quién lideraría las conversaciones con Cataluña. Rajoy, sabedor de que las grandes líneas de actuación de su nuevo Gobierno son la economía y el desafío soberanista de Cataluña, hasta valora la creación de un nuevo Ministerio de Administraciones Públicas para encargarse de las autonomías.
La encargada de llevar la voz cantante en las negociaciones con la Generalitat catalana y que podría acabar gestionando este nueva cartera sería Soraya Sáenz de Santamaría, según publicaban varios medios. Una decisión que, explica el medio, se vería con buenos ojos por parte del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ya suele reunirse con la hasta ahora vicepresidenta en sus viajes a Madrid.
Pero este cambio no iría encaminado, ni de lejos, a negociar la celebración de un referéndum en Cataluña. La línea roja del Ejecutivo sigue siendo la legalidad que ampara las relaciones de las autonomías con el Estado y Santamaría ya ha dejado claro, en declaraciones a Rac1, que Rajoy estará “dispuesto a hablar (con Puigdemont) de lo que pueden hablar el presidente de la comunidad autónoma y del Gobierno”. Y ha lanzado una advertencia: “Puigdemont no puede decir que hará un referéndum pactado o lo hará sin pactar porque eso no es diálogo, es una imposición”.
Las reglas del juego están fijadas. En el debate de investidura, Rajoy se esforzó en manifestar que no hay lugar para un pacto en el que quepa el referéndum sobre la independencia de Cataluña y que el Estado será implacable con los políticos catalanes que traspasen la ley. En cambio, Santamaría ha avanzado que el Ejecutivo está dispuesto a abordar con la Generalitat cuestiones como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la ley de la dependencia en Cataluña. Sobre la mesa descansan las 23 reivindicaciones que Artur Mas entregó a Rajoy la última vez que se reunieron, en 2014 -y que después Carles Puigdemont revisó y amplió-, la reforma de la Constitución y de la financiación autonómica.
Por parte de la Generalitat, se prevé que siga enrocada en su proclama "referéndum o referéndum". La portavoz del Govern, Neus Munté, ha concretado cuando se celebre la reunión, que tendrá lugar cuando la agenda de ambos lo permita, Puigdemont le trasladará la voluntad de celebrar un referéndum acordado con el Estado: "Mantenemos esta propuesta. Tenemos la mano tendida. Esta propuesta no caduca".
Tras asegurar que no se trata de comunicar un plazo límite a Rajoy, recoge Europa Press, ha insistido en que el Govern sigue trabajando para cumplir la hoja de ruta independentista y la resolución por el referéndum aprobada en el Parlament.