El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de ha dictado un auto en el que acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de librar un nuevo auxilio judicial a las autoridades andorranas, en concreto la número 22, para que reclame a los bancos Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra numerosa documentación bancaria de cuentas a nombre de Ribes para cuantificar el volumen total del dinero.
Todo ello se enmarca en la causa que sigue el juez De la Mata desde diciembre de 2012 en relación con el origen de la fortuna de la familia Pujol por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal.
Según explica el auto del magistrado instructor, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jordi Pujol Ferrusola podría tener dinero escondido en seis cuentas bancarias abiertas en las cuatro entidades mencionadas a nombre del ex responsable de la televisión andorrana, ya imputado en la causa por blanqueo de capitales, y al que el Ministerio Público señala ahora como pieza clave para ocultar la nueva fortuna oculta del clan catalán.
Esta es la última petición de diligencias de Anticorrupción antes de finalizar la investigación judicial contra la familia del ex presidente autonómico catalán, cuyo plazo vence el próximo mes de septiembre. Según el diario El Mundo, el Ministerio Público trabaja ya en el escrito de calificación final, en el que se intenta fundamentar que el origen de la fortuna oculta en Andorra procede del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat. Un extremo que constituye el flanco más difícil de acreditar en una investigación en la que la Fiscalía acusará por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción a todos los miembros de la familia Pujol.
