El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que declara nulas "de pleno derecho" las condenas dictadas durante la dictadura por motivos políticos, de ideología o creencias. También prohíbe la Fundación Franco y resignifica el Valle de los Caídos. A partir de ahora, el Gobierno se abrirá a las propuestas de los grupos parlamentarios para que reciba el visto bueno del Congreso.
Esta norma, que ha sido trabajada desde la Vicepresidencia que lidera Carmen Calvo por su condición también de ministra de Memoria Democrática, supone una continuación de la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 pero, a diferencia de ella, en lugar de hacer recomendaciones conlleva obligaciones.
Así, en el articulado de la ley se obliga a las autoridades públicas a participar en la búsqueda de personas desaparecidas y la exhumación de fosas, con la creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.
Desde el PSOE, su presidenta, Cristina Narbona, destacó que se trata de “una ley que España necesita". "Se considera algo urgente y necesario porque no todo es luchar, como se está haciendo, contra la pandemia y contra sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, hay cuestiones que tienen que ver con la dignidad y los valores democráticos que el PSOE encarna desde hace 141 años”.
Narbona destacó el trabajo que en los últimos “tres años” ha realizado el PSOE con las asociaciones para poner en marcha esta nueva ley que tendrá un articulado “más detallado que la legislación en vigor”, en lo que se refiere a la implicación de los poderes públicos, por ejemplo, en la búsqueda y recuperación de restos de personas asesinadas durante la contienda y la dictadura.
