Los funcionarios de Justicia han comenzado este lunes una huelga indefinida que ha suspendido más de 500.000 juicios y ha paralizado más de 30 millones de actuaciones judiciales, tras el fracaso del pacto con el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop sobre los servicios mínimos. El Ministerio sí logró llegar a un acuerdo con jueces y fiscales para sus subidas salariales hace una semana, ha anunciado en un comunicado Comisiones Obreras (CCOO).
Los funcionarios exigen que se cumplan cuatro puntos, entre los que se incluyen una subida salarial de entre 430 y 350 euros en función de los Cuerpos, y la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO), que implantaba una nueva organización judicial. Además, reivindican la implantación de la carrera profesional y la reducción de los grupos de población a uno solo.
Por otra parte, denuncian que el Ministerio de Justicia no ha intentado solucionar el conflicto, ya que "no ha convocado al comité de huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica" desde el pasado 24 de abril. Los funcionarios de Justicia han convocado en este tiempo paros parciales de tres horas desde el 17 al 25 de abril, y jornadas completas de huelga el 19 de abril y los días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Se prevé un seguimiento sostenido de la huelga del 85% de las plantillas, lo que podría generar "un colapso absoluto" en la Administración de Justicia. La plantilla destaca que el ministerio está "dando un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituimos los cuerpos generales y especiales", con los que no ha negociado las subidas salariales que sí ha pactado con letrados, jueces y fiscales.
CCOO señala que, en caso de no producirse la convocatoria al comité de huelga para comenzar las negociaciones, "los responsables del perjuicio al servicio público y a la ciudadanía y profesionales" serán los ministerios de Justicia y Hacienda. La cantidad de funcionarios descontentos alcanza los 43.000, que lamentan que se siga "ninguneando" a la mayoría del personal de la Administración, al contrario que "al colectivo privilegiado" que representan magistrados, jueces, fiscales y letrados. Los funcionarios han recordado que con estos últimos sí se ha negociado y alcanzado acuerdos, por lo que tachan de "clasista" al Gobierno.