BBVA Research, el Servicio de Estudios de la entidad financiera, ha advertido este martes de que el mayor gasto por la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC (+2,4%) y el ahorro acumulado que se pierde por retrasar el factor de sosteniblidad, equivalente a un 1,2% de mayor gasto a largo plazo, lastran el ajuste fiscal de la Seguridad Social, que aún tiene un déficit "elevado", y disminuyen la probabilidad de cumplir el objetivo de déficit.
Además, la entidad, en una tribuna publicada en el diario 'El País', alerta de que España tiene aún un nivel de deuda pública sobre el PIB "muy elevado", por lo que es necesario aprovechar estos años de crecimiento para recuperar cuanto antes "el margen de maniobra de la política fiscal" con el que hacer frente a futuras crisis y al reto del envejecimiento.
A largo plazo y teniendo en cuenta la esperanza de vida, incrementarán en 39.000 millones el gasto público
Por ello, afirma que, "sin nuevas medidas compensatorias", las decisiones recientemente adoptadas implican un aumento del déficit estructural del sistema de pensiones y un incremento de la redistribución intergeneracional, que ya es de las más altas de Europa como recientemente ha señalado la Comisión Europea.
En estas circunstancias, BBVA considera fundamental que el Pacto de Toledo refuerce la sostenibilidad del sistema con medidas que permitan que el sistema de pensiones sea "más eficiente y equitativo".
Para ello, apuesta por un sistema público de cuentas individuales o nocionales de reparto, como en Suecia y otros países europeos es la mejor opción. "El sistema seguiría siendo público, progresivo y de reparto, pero las pensiones iniciales se calcularían teniendo en cuenta la esperanza de vida y la capacidad del sistema de generar ingresos mediante cotizaciones sociales", subraya.
Además, asegura que independientemente de las medidas que se propongan, "en ningún caso sería necesario ni conveniente" derogar el factor de sostenibilidad, salvo que se quiera dejar el gasto en pensiones "al margen de la restricción presupuestaria y ocultar a la opinión pública sus implicaciones". A su juicio, es lo "suficientemente flexible y neutral" como para gestionar con más información y transparencia cualquier reforma del sistema de pensiones.
MUCHO MÁS GASTO
A pesar de que subir las pensiones con el IPC es una "decisión legítima" en términos políticos, la entidad financiera indica que esta medida suponen casi 1.600 millones de gasto adicional en 2018 y 3.200 millones en 2019 respecto al escenario de subida con el Índice de Revalorización de las Pensiones (0,25%), a lo que hay que añadir la mejora de las pensiones de viudedad: en total unos 4.800 millones adicionales de gasto en los dos años.
Según BBVA, si se acumula a esta cantidad la esperanza de vida de las generaciones que reciben este incremento, el aumento de gasto termina siendo de unos 39.000 millones en términos de valor actual actuarial respecto al escenario de subidas al 0,25%.
De esta forma, aunque en 2018 y 2019 este gasto adicional se pague con más impuestos, hacia adelante dificulta la consecución del equilibrio financiero del sistema de pensiones, dado que las subidas de las pensiones con la inflación "consolidan permanentemente un gasto mayor" y suponen un aumento del déficit estructural del sistema de pensiones, "trastocando una de las líneas medulares de la reforma de 2013 si no se adoptan otras medidas compensadoras".
Por otro lado, sobre el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, BBVA Research indica que sus efectos año a año son pequeños, alrededor de medio punto porcentual en las pensiones iniciales de jubilación. Como las nuevas pensiones de jubilación suponen un gasto anual de unos 5.700 millones, el ahorro acumulado que se pierde en cuatro años va aumentado de unos 14 millones iniciales hasta unos 352 millones.
Sin embargo, destaca que este crecimiento en el gasto no se detendría en 2023 aunque se introduzca el factor de sostenibilidad ese año, porque a las nuevas altas a partir de esa fecha se les aplicaría un factor permanentemente más elevado, en lugar del que correspondería de haberse implantado en 2019. Es decir, todas las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2023 serán aproximadamente un 2% mayores por el hecho de aplicar con cuatro años de retraso dicho factor.
Por lo tanto, a largo plazo el gasto en pensiones contributivas de jubilación será un 2% mayor por ese retraso. Como las pensiones de jubilación --que son las únicas a las que les afecta el factor-- representan aproximadamente un 60% del gasto en pensiones, suponiendo que este porcentaje se mantuviera constante (aunque seguramente aumentará), el aumento equivale a un 1,2% más de gasto permanente en pensiones para todas las generaciones a partir de esa fecha.
