• Luis María Linde considera fundamental el factor de sostenibilidad
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El gobernador del Banco de España, Luis María LindeEUROPA PRESS

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha advertido este lunes de que si se cumplen las estimaciones de envejecimiento de la población, el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración se elevaría entre 1,55 y 2 puntos porcentuales de PIB anuales durante las próximas tres décadas, alcanzando un máximo superior al 21% del PIB en torno al año 2050.

Linde ha advertido de que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas a nivel internacional, exigiría incrementos "muy significativos" de los ingresos del sistema, por lo que aboga por cualquier estrategia de reforma que aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación entre contribuciones y prestaciones, y mantenga un mecanismo de ajuste que garantice el equilibrio financiero.

"Si se cumplieran las estimaciones más recientes, se incrementaría el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración entre 1,5 y 2 puntos porcentuales de PIB anuales durante las próximas tres décadas, alcanzando un máximo superior al 21% del PIB en torno a 2050", ha dicho el dirigente. En la actualidad, el gasto en pensiones supone alrededor del 12% del PIB.

Asimismo, ha indicado que la aplicación del factor de sostenibilidad, que liga la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida, y, sobre todo, del índice de revalorización anual de las pensiones, que vincula su incremento al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema, lograrían, en contextos macroeconómicos favorables, reducir de forma gradual el actual déficit, que alcanzó el 1,5% del PIB a finales de 2017, y contrarrestar el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo.

No obstante, Linde ha añadido que "en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas".

En su opinión, "de cara al futuro, la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema".

De los análisis disponibles se puede concluir que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas en comparación internacional, exigiría incrementos muy significativos de los ingresos del sistema. No obstante, ha advertido de que en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas.

UN SISTEMA MUY PRESIONADO

Con las pensiones en el foco político y social, los datos que evidencian la enorme presión que soporta el sistema se amontonan. Y en todas las direcciones posibles. Porque la elevada proporción que aún representan las pensiones más bajas convive con el sustancial crecimiento de las superiores a los 2.000 euros, una combinación letal que alimenta el malestar y dispara el gasto, todo al mismo tiempo.

Tomando los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de pensiones contributivas de jubilación alcanzó en febrero los 5,88 millones de nóminas. Diez años antes ese volumen estaba casi un millón por debajo, en las 4,89 millones de pensiones.

Este incremento se refleja a su vez en el importe total de la nómina destinada al pago de las pensiones de jubilación, aunque en distinta proporción, puesto que los 3.960 millones de euros de hace una década han crecido ahora hasta los 6.344 millones. Es decir, un 20% más de pensiones de jubilación se traduce en un 60% más de nómina total.

Estos datos de las pensiones de jubilación, las más sensibles para el conjunto del sistema público porque representan el 61% de todas las pensiones -9,57 millones- y el 71% de la nómina total -8.925 millones de euros-, evidencian que 'algo' ha cambiado en la última década más allá del número de jubilados.

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