MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha defendido este viernes en una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) de los Estados miembros de la Unión Europea la voluntad de España de avanzar en la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas en los procesos penales.
Dolz ha explicado en el encuentro celebrado en Innsbruck (Austria), --primer Consejo JAI convocado por este país, que ocupa la presidencia rotatoria de la UE desde el pasado 1 de julio-- que la protección de los derechos fundamentales y los datos personales en el entorno comunitario "son indiscutibles" y que su intención es que el principio de jurisdicción territorial no facilite la negativa de los proveedores de servicios ubicados en otros Estados miembros de la Unión Europea, ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Para Dolz, "lo primordial" es garantizar tanto la eficacia en la obtención y transmisión de las pruebas electrónicas como el respeto en ese proceso de los derechos fundamentales de los investigados. En este sentido, el secretario de Estado ha señalado también la necesidad de superar "las trabas que impiden hoy homogeneizar los instrumentos procesales de investigación y aplicarlos directamente al ciberespacio", así como la importancia de una adecuada regulación de los supuestos en los que cabría oponerse a las órdenes emitidas por una autoridad judicial.
CONFIANZA MUTUA ENTRE ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
También ha destacado la importancia que tiene la confianza mutua entre Estados miembros como elemento esencial para la cooperación judicial en materia penal. En esta misma línea se han manifestado los ministros de Justicia de la UE, según el departamento que dirige la ministra Dolores García.
Además, en esta reunión informal del Consejo JAI se ha abordado la necesidad de seguir reforzando la cooperación judicial en asuntos civiles y mecantiles con un uso reforzado de medios electrónicos de comunicación --objetivo fijado en la agenda de Justicia de la UE para el año 2020-- y se han tratado las propuestas de reforma de dos Reglamentos destinados a regular y simplificar la notificación y la obtención de pruebas, respectivamente.
En relación a estas propuestas legislativas, que contemplan la regulación del uso de las notificaciones electrónicas y de la videoconferencia o el idioma de la notificación, la posición española apuesta por la digitalización en el ámbito judicial y apunta a la necesidad de realizar esta modernización en un entorno digital seguro que permita identificar a las partes de manera inequívoca y respete sus derechos procesales.