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La primera ministra británica, Theresa May

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha logrado este viernes un acuerdo con su Gobierno en torno a la posición negociadora de Londres en el Brexit, según ha confirmado su oficina. El Ejecutivo propondrá crear un área de libre comercio para bienes entre el país y la Unión Europea.

En su comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que durante la reunión celebrada durante la jornada se ha acordado "una posición colectiva para el futuro de las negociaciones", al tiempo que ha recalcado que Reino Unido abandonará la UE el 29 de marzo de 2019.

"Hemos acordado una propuesta más desarrollada y exhaustiva para los lazos económicos", ha señalado, antes de desvelar que "en el centro de esta propuesta está el establecimiento por parte de Reino Unido y la UE de un área de libre comercio para bienes". "Esto evitará fricciones en la frontera, protegerá los trabajos y el sustento y garantizará que ambas partes cumplen sus compromisos con Irlanda del Norte e Irlanda en el marco de la relación general futura", ha resaltado.

Según añade la agencia EFE, Theresa May ha dicho que "la semana próxima" se darán más detalles de esta propuesta, en un Libro Blanco que será remitido a Bruselas. La dirigente británica ha asegurado que el plan creará "un área de libre comercio Reino Unido-UE que establecerá una normativa común para bienes industriales y productos agrícolas", aunque el Parlamento británico deberá aprobar cualquier futuro cambio en estas regulaciones.

Así, según concreta la agencia de noticias, el Gobierno británico propone un sistema de aduanas que llama "dispositivo aduanero facilitado", que evitaría los controles fronterizos en esa área común, de modo que el Reino Unido aplicaría las tarifas y políticas comerciales propias a los bienes destinados a su territorio y las comunitarias a los que se dirigieran a la UE.

A su vez, el país propone crear un "marco institucional conjunto" que asegure la "interpretación y aplicación consistente" de los acuerdos bilaterales británico-comunitarios, que tendría en cuenta, solo en casos necesarios, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia e incluiría mecanismos de resolución de disputas.

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