Banca Civica

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado un nuevo carpetazo a la causa contra el procedimiento de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que originó Banca Cívica. Se pone así fin a una causa que comenzó hace seis años y que ha tenido varias vidas, entre carpetazos y reaperturas.

Esta vez, el archivo ha contado con la opinión favorable de Fiscalía, según ha publicado este sábado en primicia El Confidencial. Las diligencias previas comenzaron en 2013, tras una querella de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por la presunta comisión, entre otros, de los delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Desde entonces el procedimiento se ha tambaleado varias veces: los titulares del juzgado han archivado y reabierto la causa en un par de ocasiones. Finalmente, el Juzgado de la Audiencia Nacional, así como la Fiscalía, se han basado en los informes de los peritos del Banco de España, redactados a lo largo de estos años, para concluir que no se aprecian irregularidades en el procedimiento de fusión que originó Banca Cívica, integrada en CaixaBank desde 2012.

Precisamente, en los informes preliminares de hace cinco años, los peritos ya consideraron que las operaciones investigadas tenían un completo encaje legal. En las investigaciones periciales posteriores esta conclusión no fue contradicha: fue reforzada.

UNA INSTRUCCIÓN CON VAIVENES

El Juzgado que ha seguido la causa y dictado el archivo es el Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Manuel García-Castellón y que también instruye causas como Villarejo, Púnica, Lezo, Acuamed, etc.

Con Banca Cívica, la instrucción comenzó cuando era titular de este juzgado el juez Eloy Velasco, quien ya tuvo que reabrir el caso en septiembre de 2015. Aquella vez lo hizo a petición de Fiscalía, que calificó de "prematura" la decisión de clausurar entonces la investigación.

Velasco, ya entonces, argumentó que la constitución de Banca Cívica fue "una operación fundamentalmente sólida y razonablemente viable" y añadió que la solvencia de la entidad gozó de un "respaldo contable, superando en algunos momentos la exigida oficialmente y cumpliendo con la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria".

La causa no se archivó únicamente a mediados de 2015. También en 2014 se tuvo que reabrir tras un sobreseimiento provisional del caso. El juez Velasco reabrió la instrucción entonces tras recursos de la Fiscalía y de los querellantes, el partido político UPyD.

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