El Ministerio de Fomento aprobó el pasado 1 de abril un registro público online para que las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify detallen todos sus servicios, con el fin de inspeccionar, controlar y sancionar al sector de los VTC.
Este registro entró en vigor ayer, sábado día 1 de junio, y las compañías que no cumplan con la exigencia se enfrentarán a multas de hasta 800 euros.
Será responsabilidad de las comunidades autónomas realizar las labores de inspección y control de las comunicaciones de las VTC en el registro y de los datos que remitan, según detallaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Fomento.
De este modo, los servicios de inspección del transporte de las distintas regiones o la Policía Municipal podrán sancionar a un conductor de VTC al que le pidan documentación acreditativa de haber comunicado un servicio al registro y no la tenga o no la hayan registrado correctamente, en cuyo caso las multas oscilarían entre los 400 y 600 euros.
Estas sanciones podrían elevarse hasta los 600 y 800 euros en los casos que se detecte que un VTC exceda el límite de viajes que puede hacer fuera de su comunidad, fijado en el 30% de sus servicios totales.
Con la puesta en marcha de esta medida se busca atajar el conflicto abierto entre este sector y el del taxi, que le acusa de intrusismo y competencia desleal.