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Plataforma del proyecto CastorCOMPROMÍS - Archivo

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por las entidades financieras Santander, CaixaBank y Bankia contra el Estado al que reclamaban una indemnización por daños y perjuicios por el caso Castor y condena al Estado a abonarles 1.350,72 millones de euros.

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Estas entidades financieras adelantaron en su día el dinero de la indemnización a ESCAL-UGS por la cancelación de las operaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado frente a la costa de Vinaroz (Castellón). El proyecto tuvo que ser cancelado después de la serie sísmica que produjo durante la operaciones de llenado en septiembre de 2013.

El alto tribunal ha acordado así a acceder a la indemnización "del total de la deuda" reconocida en favor de las entidades Banco Santander, que percibirá el 50,94%; CaixaBank, el 34,05%, y Bankia, el 15% restante.

Además de estas cantidades, las entidades percibirán el interés legal desde que interpusieron en 2018 el recurso para reclamar daños y perjuicios producidos con ocasión de la declaración de inconstitucionalidad de algunos preceptos del Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptaban medidas urgentes sobre el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Además, anula esta resolución porque considera el Supremo que no está ajustada al ordenamiento jurídico. Si bien, no condena en costas al Estado.

Para el Supremo, es "indudable" que cuando se declaró la inconstitucionalidad de esas medidas, los legítimos titulares del derecho de cobro eran los tres bancos recurrentes y, por tanto, deben ser considerados los perjudicados en esta exigencia de responsabilidad. Así, añade que es la ley la que directamente les hace acreedores del pagador, sin actividad administrativa o privada alguna.

Concluye así que el pacto del Real Decreto Ley "no fue a tres bandas, sino a cuatro", porque no cabe ignorar que en realidad en ese pacto estaban incluidos los bancos, que hacían el pago de las instalaciones que pasaban a titularidad pública y en plazo más que perentorio.

¿QUIÉN DEBE PAGAR?

El grupo ciudadano Caso Castor demandará el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y pedirá un pronunciamiento de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa para que se pronuncie sobre quién debe pagar a la indemnización.

La representante del colectivo, Simona Levi, se ha pronunciado así en declaraciones a Europa Press tras la sentencia del Tribunal Supremo que falla que el Estado debe pagar este importe a las tres entidades bancarias, que asumieron de Enagas el derecho de cobro de deuda y que interpusieron una demanda por daños y perjuicios que este jueves ha sido estimada en parte.

"Creemos que la sentencia no resuelve el problema. Una vez más, los daños producidos por una gran corporación los debemos pagar la población. Esto es una injusticia, porque el contrato de esta deuda fue anulado por el Tribunal Constitucional hace dos años", ha manifestado.

Así, Levi considera que cuando esto sucede se debe volver a la situación anterior y, por tanto, ese dinero pagado a Escal, que forma parte del grupo ACS, "debe ser retornado". Por ello, ha explicado que el Grupo Ciudadano Castor ha elaborado una proposición de ley para que no sean los españoles los que a través de los Presupuestos Generales del Estado paguen esta situación sino que lo haga "quien ha generado el problema" y que, "además, puede pagar, puesto que ha vuelto a repartir dividendos".

Por otro lado, el colectivo, integrado por (Xnet, Observatorio de la Deuda (OdG) y Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC)), en previsión de los "efectos negativos que la sentencia del Tribunal Supremo para el erario y las políticas públicas futuras" ha anunciado que en las próximas semanas presentará una demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas así como un pronunciamiento por parte de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

El texto de la iniciativa incluye también un análisis del estado contable de ACS en el que asegura que es "legalmente legítimo y económicamente posible que dicha constructora, que sigue repartiendo dividendos, pague la deuda". La proposición ha sido recogida a través de Compromis. El grupo presentó una querella criminal por el caso Castor ante la Audiencia Nacional, que finalmente fue archivada.

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