El texto ha generado críticas de la patronal, los hoteleros, asociaciones vecinales y el Consistorio
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid estudiará desde la próxima semana las alegaciones al borrador del decreto de pisos turísticos que se han presentado hasta este viernes, que recogen las quejas del sector.
El borrador de decreto, presentado por la Consejería que dirige Jaime de los Santos, modifica la actual normativa en la materia y entre sus principales novedades incorpora la creación de un certificado de idoneidad para las viviendas de uso turístico y el hecho de que las plataformas de economía colaborativa pasen a ser consideradas empresas turísticas.
Además, se recoge la obligación de los arrendadores de contratar un seguro de responsabilidad civil, poseer hojas de reclamación a disposición de los usuarios o disponer de calefacción en funcionamiento. De acuerdo con el borrador de Decreto, las viviendas podrán alquilarse también de forma total o por habitaciones. Eso sí, se fija una ratio máxima de personas alojadas en función del número de metros cuadrados útiles de la vivienda.
El documento también limita el porcentaje de viviendas de uso turístico puesto que no se podrá superar el 75 por ciento de las viviendas existentes en un mismo inmueble, un porcentaje que se reducirá al 50 por ciento en aquellos que pertenezcan a un único propietario.
CRÍTICAS DEL SECTOR
Pero, las medidas contempladas no han sido del agrado de gran parte del sector que han hecho públicas sus quejas y podido presentar hasta este viernes sus alegaciones. Así, entre ellas, se encuentran las de CEIM, hoteleros, asociaciones vecinales y las del Ayuntamiento de la capital.
Desde la patronal han considerado que dicho documento no resuelve los problemas generados por la oferta "descontrolada" de alojamientos turísticos, como son "el intrusismos y la competencia desleal". Además, creen que no garantiza los derechos de los consumidores ni responde al modelo de desarrollo turístico de calidad que se quiere implantar.
Los hoteleros han tachado la normativa "como la más laxa del mundo" y han hecho hincapié en que "favorece la desregulación en beneficio de ciertos intereses empresariales". En concreto, piden que se solicite una licencia de actividad al propietario y ven "vaga" la distinción entre apartamentos y viviendas de uso turístico.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinas de Madrid (FRAVM) ha trasladado que este borrador "beneficia a operadores en detrimento de los vecinos". Señala que las capacidades máximas alojativas "son depreporcionadas" así como también lo es el porcentaje que se establece en cuanto al número de viviendas turísticas por edificio.
Este último punto es compartido con el Ayuntamiento de Madrid, quien también se opone al alquiler de viviendas por habitaciones y a la alta capacidad que se estipula para cada emplazamiento. Desde el Consistorio, han manifestado que la normativa propuesta por el Ejecutivo de Cifuentes tendría, de ser aprobada, una "incidencia muy negativa" en la calidad del sector.
APROBARSE EN EL PRIMER SEMESTRE
Por su parte, fuentes de la Consejería de Turismo han reiterado a Europa Press que este borrador no es "ni mucho menos laxo" sino que intenta poner orden incluyendo a las plataformas, acota la actividad por ratio y porcentaje y da seguridad a los usuarios, vecinos y al sector en general. Además, aseguran que para su redacción el Gobierno regional se han reunido "con todas las partes". "Se ha escuchado, se está escuchando y se escuchara", han insistido.
En este sentido, las mismas fuentes aseguran que tras el fin del plazo para presentar las alegaciones a la norma se pondrán ya en marcha, desde este mismo lunes, para estudiar y analizar "con toda celeridad" las propuestas. De considerarse justificadas se incluirían en el proyecto.
Así, tras este trabajo y después de que la Unión Europea traslade sus alegaciones al mismo --se les remitió en noviembre y tienen tres meses para pronunciarse--, se enviará un informe a la Abogacía de la Comunidad. La previsión es que el documento definitivo pueda aprobarse en el primer semestre de este año.