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Archivo - La DPZ se incorpora al accionariado de la empresa Tragsa para poder usar su maquinaria como medios propios.DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La empresa estatal Tragsa registró un beneficio neto consolidado de 23,8 millones de euros en 2020, encadenando así tres años consecutivos de resultados positivos tras aumentar en casi cuatro veces el resultado contabilizado el año anterior,

En 2020, la cifra de negocio del grupo se situó en los 1.018 millones de euros, un 16,2% más que el año precedente.

El presidente de Grupo Tragsa, Jesús Casas, ha destacado que las cuentas "consolidan la evolución de la compañía iniciada hace tres años y le permiten el encarar el actual ejercicio con la fortaleza suficiente para responder de forma ágil, flexible y conforme a su rol central de medio propio de las administraciones públicas en el ámbito estatal, autonómico y local".

La facturación alcanzada en 2020 no se observaba desde 2010. Este buen desempeño se debe a las más de 4.300 actuaciones llevadas a cabo por Tragsa y Tragsatec, las dos empresas del grupo, durante el pasado curso, en diferentes áreas como el ámbito rural, la ingeniería, la gestión administrativa o las emergencias, entre otras.

La cartera de negocio del Grupo Tragsa, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y su órgano de tutela es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ascendió hasta los 1.357 millones de euros al 31 de diciembre de 2020, lo que supone un incremento de 137 millones con respecto a 2019 y consolida un nuevo máximo histórico.

El consejo ha acordado proponer a la junta general de accionistas de la sociedad que, del resultado positivo del ejercicio de 2020 después de impuestos de 18,8 millones de euros, se destinen 5,6 millones a reservas voluntarias y 13,1 millones de euros a reparto de dividendos.

El dividendo por acción será a razón de 444,6 euros por acción, lo que supone un incremento de casi el 103% con respecto al año anterior, con 6,7 millones de euros más repartidos entre los accionistas, todos ellos administraciones públicas, entre las que se encuentra la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Forales, Consells y Cabildos insulares, entre otros.

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