MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que una auditoría de costes de la energía nuclear y la hidráulica, prevista en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos, "podría ser el contexto" donde valorar la rentabilidad o no de estas tecnologías en el actual marco regulatorio.
A preguntas de los medios de comunicación tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre las manifestaciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, respecto a su intención de no reanudar Garoña debido a la falta de rentabilidad del negocio nuclear, Navia aseguró que "responder a esta cuestión sobre la base de la declaración de una empresa, que es una empresa de las muchas que hay y hay otras que no están diciendo lo mismo, no tendría sentido". "Es una cosa que hay que echar cuentas", añadió al respecto.
Así, consideró que lo que hay que hacer es cumplir con el pacto con Ciudadanos y hacer esa auditoría de las energías no replicables (nuclear e hidráulica). "Esa es la vía que nosotros vemos para resolver esto", dijo.
Además, el secretario de Estado de Energía consideró que el cierre definitivo de Garoña, decisión que debe tomar Nuclenor -sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa- "no supondría un cambio respecto a la situación actual", ya que está parada desde hace años.
"Esa decisión está por tomar y pensamos que corresponde oír a todo el mundo, pedir opinión a agentes externos, evaluaciones y tener un consenso entre todos de qué es lo mejor de seguir adelante. En Garoña y, con carácter general, en lo nuclear", añadió al respecto.
Asimismo, Navia aseguró no tener conocimiento de que Nuclenor haya remitido ningún informe al Ministerio de Energía sobre la inviabilidad de Garoña ni de que la empresa haya solicitado la retirada de la licencia.
EL REGLAMENTO DEL BONO SOCIAL, EN VERANO.
En lo que se refiere al bono social, el secretario de Estado afirmó que, una vez que se remitió a las comunidades autónomas el borrador del reglamento, espera que entre esta semana o la que viene se pueda dar el siguiente paso, su remisión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda llevar a cabo su informe y, posteriormente, se proceda a informar al Consejo de Estado y, "en paralelo, a Europa".
Así, prevé que a principios de verano esté en vigor el reglamento del bono social, aunque dependerá de si se mantiene el plazo de aportaciones de las distintas partes abierto por más tiempo, después de que algunos partidos políticos, como Podemos, hayan solicitado participar, añadió.