MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) en Italia ha iniciado una investigación contra Volotea por presuntas prácticas comerciales desleales en relación al recargo que aplica la aerolínea por el aumento del precio del combustible a los billetes ya reservados, que puede llegar a ser de 14 euros.
Además, el regulador también ha abierto un procedimiento de medidas cautelares en el que se concede a la empresa la oportunidad de ser escuchada ('audita altera parte'), con el fin de exigirle que cese de inmediato de esta medida.
Bautizado como 'Fair Travel Promise', el recargo de Volotea toma como referencia los precios de mercado del combustible, procedentes de fuentes públicas, siete días antes de la salida y, si es necesario, ajusta el precio de los billetes.
En caso de que los precios disminuyan por debajo de esta referencia, la compañía reembolsa a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe.
En opinión de la AGCM, este ajuste de los precios de los billetes de avión infringe las normas de protección al consumidor. Por un lado, ha asegurado que puede llevar a los consumidores a elegir un vuelo basándose en información "incompleta" y "engañosa", concretamente, el precio mostrado en el momento de la compra.
Mientras, por otro lado, el regulador ha afirmado que puede ejercer "una presión indebida" cuando, cerca de la fecha de salida, los consumidores se ven obligados a elegir entre pagar el ajuste de la tarifa o cambiar la fecha de su viaje, lo que "podría inducirlos a aceptar el cambio".
En un comunicado reciente, Volotea ha resaltado que, desde la implementación del recargo a mitad de marzo, el 97% de los clientes ha optado por confirmar su viaje y seguir adelante con sus planes.
"Este alto nivel de aceptación demuestra que la iniciativa está alineada con las expectativas de nuestros clientes y ofrece una alternativa justa a los incrementos de precios fijos", ha defendido la aerolínea, además.
En España, la medida de la compañía también ha contado con la oposición de Facua-Consumidores en Acción, que ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigarla, ya que considera que se trata de una "cláusula abusiva y contraria" a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
De momento, el departamento ministerial no se ha pronunciado ante esta solicitud, recibiendo una crítica de la asociación por la falta de respuesta e "inacción".