MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu para que la próxima Ley de Industria condicione las ayudas públicas para empresas a que estas no deslocalicen su actividad y que, en caso de hacerlo, tengan que devolver los recursos obtenidos, después del reciente traslado de sede social de Ferrovial a Países Bajos.
En concreto, el Congreso ha aprobado una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu a este respecto en una proposición no de ley de la formación vasca, que en un principio buscaba impedir la deslocalización de empresas y obligar a éstas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen en caso de marcharse, después de que Ferrovial haya anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos.
El texto aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, Esquerra Republicana (ERC), Más País, Compromís y BNG finalmente insta al Gobierno a elaborar y desarrollar, mediante su inclusión en la próxima Ley de Industria, aspectos específicos para condicionar la recepción de ayudas públicas por parte de empresas a que no haya deslocalización de la actividad.
Así, el Gobierno se compromete con Bildu a establecer por esta ley, que se espera remitir al Congreso en las próximas semanas, el reintegro del apoyo y las ayudas públicas recibidas de producirse esta situación durante un periodo de tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa de la Unión Europea.
Según Bildu, con esta iniciativa el Gobierno se compromete a elaborar y desarrollar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen su actividad.
INCUMPLIR LAS CONDICIONES IMPLICARÁ DEVOLVER LAS AYUDAS
De esta manera, sostiene, el incumplimiento de las condiciones recogidas en la Ley de Industria deberá suponer el reintegro de las ayudas públicas obtenidas, tal como indica la enmienda transaccional acordada por las tres fuerzas políticas.
EH Bildu considera que este acuerdo supone "un buen punto de partida" para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, ya que a su juicio permitirá legislar sobre la devolución de las ayudas publicas que hayan podido recibir las empresas que incumplan las condiciones establecidas.