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La Audiencia Nacional ha solicitado juzgar al presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, a su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y a otras 14 personas físicas por un delito de presunta estafa relativo a la ampliación de capital de julio de 2015.

El juez, José Luis Calama, considera que tanto los acusados como la empresa deben ser enjuiciados por las posibles irregularidades que cometieron con la operación, incurriendo en varias faltas referentes al mercado, los consumidores y de sociedad.

De esta forma, el magistrado ha concluido esta instrucción, que se inició en 2017, sobre las posibles anomalías que llevó a cabo Urbas en la ampliación de capital de 2015, por un importe de 384 millones de euros, para absorber Aldira inversiones inmobiliarias.

En el auto, Calama también se ha dirigido contra otras siete mercantiles, entre las que se encuentra la firma Grant Thornton, y ha señalado que la compañía aportó activos "sobrevalorados" de Aldira para completar su compra. En el caso de Thornton, la audiencia ha dictaminado que aportó documentación que avalaba la valoración de activos.

Por ello, el juez explica que la empresa expidió informes "con conocimiento de que contenían una ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira", lo que conllevaba "un engaño hacia los accionistas de Urbas".

Además, esta ampliación generaba un evidente perjuicio para todos los socios que no tuvieran participación en Aldira, pero si en Urbas puesto que se diluía en favor de los que si poseían, entre los que se encuentran los principales integrantes del Consejo de Administración.

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