- Aunque tiene límites para marcharse al sector privado, hay antecedentes que respaldarían su fichaje
Soraya Sáenz de Santamaría se marcha de la política, pero no con las manos vacías. Si la exvicepresidenta del Gobierno decide no trabajar, podrá optar a una compensación del 80% del sueldo que percibía en el Ejecutivo, lo que asciende a más de 60.000 euros al año.
Así lo recoge la ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos públicos, aunque solo en el caso de que Sáenz de Santamaría decidiera no trabajar y quedarse en casa. Podría solicitar el pago del 80% de su sueldo que, según el portal de transparencia del Gobierno, en 2017 ascendió a 78.375 euros en 12 pagas. De esta forma, podría optar a una paga mensual de más de 5.000 euros solo por haber sido alto cargo del Gobierno.
Según un informe de la fundación “Hay Derecho”, 21 de la OCDE contemplan un periodo de “enfriamiento” para ciertos cargos públicos, que oscila entre el año y los cinco años. De esos 21, solo 4 (entre ellos España) les reconoce algún tipo de compensación tras el cese del cargo.
Sin embargo, si la exvicepresidenta prefiriese volver a trabajar, esa paga sería incompatible con un sueldo. Cualquier vuelta al trabajo de un alto cargo debe ser aprobado por la Oficina de Conflictos de intereses. El organismo dará su visto bueno sin problemas si Sáenz de Santamaría vuelve a la función pública, si abre su propia empresa o si ingresa en un organismo internacional.
Por tanto, la opción más sencilla es regresar a su plaza de funcionaria como abogada del Estado, cargo que abandonó tras iniciarse en la vida política. O también solicitar una excedencia y agotar los dos años de la compensación a la que tiene derecho.
En cambio, si Sáenz de Santamaría decide marcharse a la empresa privada, lo tiene más complicado… durante dos años. La misma ley limita los trabajos a los que pueden aspiran los cargos públicos tras su cese: “Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.
En el caso de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido vicepresidenta del Gobierno, titular del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales y portavoz del Ejecutivo, sus decisiones han influido en multitud de sectores y compañías. Santamaría fue, además, presidenta de la Generalitat tras la aplicación del 155, y ha sido miembro de la comisión delegada para asuntos económicos, de la de asuntos de inteligencia y de la de política científica y tecnológica.
¿IMPOSIBLE IRSE AL SECTOR PRIVADO?
Pese a las posibles trabas que se le presentan a Sáenz de Santamaría para acceder a las grandes compañías, los antecedentes parecen indicar que podría no serle tan complicado ser ‘fichada’ por una de ellas. Según denuncian desde Hay Derecho, la Oficina de Conflictos de intereses apenas rechaza las solicitudes de los ex altos cargos para pasarse al sector privado, y ha aprobado el 98% de las 400 peticiones recibidas entre noviembre de 2006 a octubre de 2016.
El hecho de que Sáenz de Santamaría no haya ocupado ninguna cartera ministerial relacionada con un sector podría facilitar su ‘puerta giratoria’. Fue el caso de Jaime Pérez Renovales, quien fue subsecretario de la Presidencia del Gobierno y presidente de la Comisión para la Reforma de las Administracione Públicas con Aznar. Tras marcharse de la política, entró a trabajar en Banco Santander, donde es secretario general. ¿El motivo? Que su cargo político no estaba directamente relacionado con la banca.
