- El precio y la mejora del servicio han facilitado la aceptación entre la gente de estas plataformas
La guerra sigue abierta. Los dos bandos están claros: el sector del taxi y los vehículos turismo con conductor (VTC) como Uber y Cabify. Unos piden que se declaren ilegales a los nuevos competidores y los otros que se les deje entrar en el mercado con condiciones diferentes a los viejos. Una disputa que parece alargarse en el tiempo. No obstante, la huelga de taxistas de este martes ha vuelto a abrir el debate y, pese a su éxito de convocatoria y movilización, su mensaje no termina de calar entre la sociedad.
El apoyo de la justicia no ha sido suficiente para el sector del taxi. El Tribunal de Justicia Europeo declaró a Uber como “servicio de transporte” y no un simple mediador entre clientes y conductores, por tanto, decretó que estaba realizando competencia desleal. Anteriormente, su servicio Uber POP fue declarado ilegal. Por su parte, Cabify y los taxistas mantienen varias disputas judiciales y legislativas en marcha.
Una situación judicial que no logra empatizar con la ciudadanía, que parece estar distanciada de la situación que vive el sector. Los usuarios que han optado por convertirse en usuarios de estas plataformas. Según los datos del Ministerio de Fomento existen 5.687 licencias de VTC en España con respecto a las 70.223 licencias de taxis. El límite que establece la ley es un VTC por cada 30 taxis, en la actualidad, la tasa es de uno por cada 12,48.
El principal motivo de este progreso de los VTC es el precio. La opción de Uber y Cabify, en función del recorrido y que se fija antes del trayecto, tiende a ser algo más barata que un taxi debido a los costes ocultos que soportan sus conductores. La principal explicación a este hecho se refleja en Madrid. Las licencias de taxis se traspasan por cifras que pueden rondar los 150.000 y 170.000 euros, aproximadamente. Desde la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) denuncian que la licencias VTC se obtienen por una tasa administrativa de 32 euros en la Comunidad de Madrid con la excusa de que van a prestar un servicio público, pero que inmediatamente revenden por precios que oscilan entre los 30.000 y 50.000 euros.
La opción de Uber y Cabify, en función del recorrido, tiende a ser algo más barata que un taxi
Una cuestión que Pablo Rodríguez Sardinero, director general de transportes Comunidad de Madrid, matiza: “Se ha incrementado en un 25% el número de inspectores, lo que ha supuesto en este trimestre un incremento en la labor inspectora de más del 300%”. Además recuerda que “se han regulado los distintivos identificativos de los vehículos dedicados al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) residenciados en la Comunidad de Madrid”.
Por otro lado, fuentes del sector apuntan que “las condiciones del vehículo y el trato al cliente de los conductores VTC” han conseguido convencer al cliente. Si es cierto, según matiza, que “estas diferencias se han ido igualando”. Otra de las ventajas que apuntan es “en ciudades como Madrid se complica encontrar un taxi nocturno y los VTC compensan este déficit”, asegura.
EXCESO DE DEMANDA
Uno de los datos que pueden justificar esta cuestión es el exceso de demanda de taxi en las grandes ciudades. En Madrid, según datos de 2016, existían 16.073 licencias de taxi para 3,1 millones de habitantes, sin contar el turismo. Un hecho que eleva la demanda del taxi y, que puede provocar, que la oferta menos exigente.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclaman a las instituciones que “se debería vigilar el mercado y promover un entorno competitivo para evitar la creación de oligopolios y monopolios en el consumo colaborativo”, según apuntan en un comunicado. Por otro lado, apuntan que “es necesario aclarar las funciones y las responsabilidades de las plataformas: los usuarios se merecen tener una legislación clara”.
Para el director general de transportes Comunidad de Madrid uno de los motivos por los que se puede producir el distanciamiento con el sector del taxi es “la situación del sector es muy poco flexible, esto debería modificarse”. Otro aspecto que puede generar rechazo es la facturación media del gremio que se sitúa "entre 4.000 y 5.000 euros", añade Rodríguez Sardinero. Otro de los aspectos que aleja al sector de la sociedad es “la paralización absoluta de servicios, como ha sucedido este martes, no se entiende entre los usuarios”, explica el director general de transportes Comunidad de Madrid.
