- El Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024
El Gobierno da luz verde a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica. La cartera de Teresa Ribera ha trazado una estrategia basada en cuatro ejes de actuación que, con 19 acciones concretas incluida la creación de un nuevo bono social energético para todos los suministros, apuntan a reducir en un 50% el número de personas que viven en situación energética para 2025.
La estrategia, planteada el pasado otoño en plena escalada del precio de la electricidad y que da cumplimiento al Real Decreto-ley 15/2018 aprobado en octubre, establece por primera vez una definición de pobreza energética e indicadores para su seguimiento. Así, se entiende por pobreza energética "la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía".
Esta realidad, que según los cálculos realizados para la Estrategia Nacional, afecta actualmente a entre 3,5 y 8,1 millones de personas en España. "La pobreza energética puede manifestarse a través de una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos", explican desde el Ministerio.
NUEVO BONO SOCIAL ENERGÉTICO
La Estrategia fija las líneas del futuro bono social energético que "deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro". Además, plantea acciones a corto, medio y largo plazo para rehabilitar las viviendas no eficientes y sustituir los electrodomésticos antiguos, que consumen más electricidad, por aparatos más eficientes.
El instrumento, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, prohíbe también la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones vigentes de corte de suministros sobre los consumidores incluidos actualmente en la categoría de vulnerable y que reciben la ayuda del bono social eléctrico si en la vivienda reside al menos un menor de 16 años, una persona con discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia.
En cuanto a la rehabilitación de las viviendas para mejorar su eficiencia energética, el objetivo de la Estrategia es ampliar paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales (como el bono social) para abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural.
Así, se potenciarán las rehabilitaciones exprés (como los cambios de equipos térmicos, la modificación de elementos del inmueble como la envolvente de la vivienda, etc.) y, a medio plazo, se apostará por fomentar un parque de vivienda social en alquiler con subvención para gastos de suministros en caso de colectivos especialmente vulnerables.
A largo plazo, el plan contempla la rehabilitación integral de edificios en base a criterios ambientales y sociales que abarcan desde la perspectiva de género hasta la utilización de materiales sostenibles.