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La lista anual de morosos que hizo pública ayer Hacienda registró un descenso nimio tanto del número de morosos como de la deuda a cobrar, que solo bajó el 0,4% respecto a 2017, hasta 15.300 millones. Desde 2015, apenas se ha reducido en 300 millones.

Lo primero que se viene a la mente es que los morosos son unos sinvergüenzas que no pretenden pagar nunca y que en Hacienda son unos inútiles incapaces de cobrar. Pero la realidad es más complicada. Más allá de casos folclóricos como Miguel Bosé o Rodrigo Rato, el grueso de la deuda corresponde a empresas y cerca de la mitad de las mismas están en concurso de acreedores.

Y ahí el problema es nuestra ley concursal que, a pesar de las reformas que se le han hecho, incentiva que la liquidación de las empresas se eternice; cuanto más dure, más cobra el administrador concursal. Y mientras se alarga el proceso, Hacienda no cobra. Si es que cobra. Aunque muchos menos relevantes en volumen, también hay muchas personas físicas que se encuentran en una situación de insolvencia y que no van a poder pagar nunca su deuda con el fisco.

Desde Europa se ha solicitado en muchas ocasiones una modernización de nuestra ley para que no haya incentivos perversos y para que no se condene a la mayoría de las empresas que entran en concurso a la desaparición. Pero el PP no se atrevió a hacerlo; habrá que ver si el Gobierno del PSOE coge el toro por los cuernos.

Más allá, muchos de estos concursos se habrían evitado precisamente si Hacienda hubiera puesto de su parte asumiendo las quitas del resto de los acreedores (normalmente la banca). Esta es una reiterada demanda del FMI a nuestro país pero que se encontró con la negativa furibunda de Cristóbal Montoro con el argumento de que no se puede perdonar el dinero que se debe a todos los ciudadanos (pero sí se puede despilfarrar).

Es curioso que el que defiende esta posición sea el mismo que aprobó la amnistía fiscal. Porque el razonamiento para aprobarla es muy parecido. En la regularización extraordinaria, Montoro sostuvo que era mejor perdonar los impuestos del pasado a cambio de que pagaran en el futuro; en el caso de las empresas asfixiadas, también parece mejor evitar que quiebren y poder recuperar parte de la deuda que no cobrar apenas nada en una liquidación.

La lista de morosos es la evidencia empírica de que el sistema actual no sirve para que Hacienda cobre las deudas, por mucho escarnio público al que se someta a los morosos, muchos de los cuales repiten año tras año. Hay que cambiar la ley concursal y plantearse que Hacienda asuma quitas. Veremos si el nuevo Gobierno se da cuenta.

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