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Moody's considera que los 100.000 millones anunciados por el Gobierno en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no serán suficientes debido a la "fuerte demanda", lo que provocará que se agoten antes de la fecha límite de solicitud del 30 de septiembre, lo que podría generar tensiones de liquidez y afectar especialmente a autónomos y pymes, a no ser que se amplíe el plan del que, de momento, el Ejecutivo ha puesto en circulación casi el 85%, 84.500 millones de euros.

"La demanda de prestatarios para el programa ha sido fuerte, en particular de las pymes y los trabajadores autónomos", señalan desde Moody's, que afirman que el programa ha proporcionado "importantes beneficios a la economía española al garantizar que las empresas tengan liquidez para ayudarlas a salvaguardar sus empleos y continuar sus actividades".

Además, añaden que los efectos positivos también son visibles en los perfiles de crédito de los bancos, respaldando la actividad comercial en el segmento corporativo, reduciendo el consumo de capital en los nuevos préstamos corporativos y reduciendo la carga de pérdidas en las cuentas por incumplimiento de los prestatarios corporativos. No obstante, opinan que, si bien el volumen real de préstamos garantizados otorgados por los bancos españoles bajo el programa está muy por debajo del total desbloqueado, "esperamos que este volumen crezca rápidamente a medida que los bancos procesen todas las solicitudes de préstamos garantizados pendientes".

Desde Moody's creen que sería interesante que el Gobierno español aclarara si va a ampliar el programa de garantía, "que es relativamente más pequeño que programas similares implementados en otros países grandes de la UE como Alemania, Francia o Italia". El Ejecutivo ha dicho públicamente que "implementará los mecanismos necesarios para garantizar la liquidez de las empresas", sin embargo, no ha revelado cómo se implementará esto, ya sea en forma de una expansión del programa de garantía o mediante un mecanismo alternativo, afirma el banco.

En este escenario, opinan que es probable que los bancos reduzcan su apetito por prestar a empresas sin el programa de garantía o un mecanismo equivalente, mientras continúa la perturbación económica y la salud financiera de las empresas sigue siendo incierta. "Esto podría generar tensiones de liquidez entre los prestatarios corporativos, afectando particularmente a las pymes más vulnerables y los trabajadores autónomos", destacan.

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