El presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmaba el 16 de agosto su proyecto político más ambicioso conocido como Ley de Reducción de la Inflación, destinado a combatir el aumento de los precios y el cambio climático, así como a establecer mejoras en el sector de la salud. Considerada una gran victoria para los demócratas, ¿por qué es tan importante esta nueva legislación?
La Ley de Reducción de la Inflación pretende hacer frente a la inflación mediante políticas que reduzcan el coste de la energía, así como el déficit fiscal. "Se espera que recaude unos 790.000 millones de dólares en ingresos y ahorros gracias a un nuevo impuesto mínimo de sociedades, una mejor aplicación de los impuestos y una reforma de los medicamentos con receta. Además del gasto en sanidad, se destinan 369.000 millones de dólares a las prioridades de energía y cambio climático", señala Marina Severinovsky, responsable de Sostenibilidad para Norteamérica en Schroders.
Biden, calificaba la nueva ley como la "mayor inversión jamás realizada para combatir la crisis existencial del cambio climático". El proyecto pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a los niveles de 2005, lo que ayudará a combatir el calentamiento global. También tiene como objetivo reducir el impacto de los riesgos climáticos y la inflación a medio plazo.
"Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y perjudiciales debido al aumento de las temperaturas, lo que se traduce en pérdidas económicas y fluctuaciones de los precios, sobre todo de los alimentos”, indica Irene Lauro, economista de Schroders.
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Asimismo, el proyecto de ley ayudará a proteger la economía de las oscilaciones de los precios del petróleo y el gas, reduciendo la volatilidad de la inflación energética e impulsa el apoyo a las energías renovables. "Contiene algunas medidas de política industrial bastante más manifiestas que promueven la creación de cadenas de suministro de tecnologías limpias dentro de EEUU y sus socios de acuerdos de libre comercio", afirma Isabella Hervey-Bathurst, del equipo de inversión en cambio climático de Schroders.
La nueva legislación será positiva para las ganancias de las empresas en varias partes del sector de la transición energética y es de esperar que "pueda desbloquear algunos de los cuellos de botella que han causado una falta de actividad en ciertas partes del mercado recientemente. La eólica se ha visto particularmente perjudicada, pero también otras áreas en las que los promotores y operadores habían estado en pausa a la espera de este nuevo apoyo. Además, este apoyo respalda la competitividad de los costes de las tecnologías en términos relativos", opina Alex Monk, gestor centrado en la transición energética.
Para la generación de electricidad, la ley destina 30.000 millones de dólares en subvenciones y establece créditos fiscales para que los estados y las empresas eléctricas adopten la energía limpia y el almacenamiento de energía. Esto incluye el apoyo a la tecnología de hidrógeno y de retención de carbono, así como nuevos créditos fiscales para mantener las plantas nucleares en funcionamiento.
Igualmente destina 6.000 millones de dólares a la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar, como las fábricas de cemento, productos químicos y acero. También aprueba un crédito fiscal de 7.500 dólares para los nuevos vehículos eléctricos y créditos para las renovaciones de viviendas con bajas emisiones de carbono, como la instalación de bombas de calor y paneles solares en los tejados.
¿A QUÉ TIPO DE INVERSIONES AFECTA?
"Está claro que existe un vínculo directo entre la ampliación de los eficaces programas de crédito fiscal a la producción y a la inversión y las plantas físicas reales que se construirán en todo el país durante la próxima década. Se trata de actividades que requieren mucho capital y que exigirán una inversión directa en lo que será una remodelación del suministro eléctrico en Estados Unidos", analiza David Boyce, responsable en EEUU de Greencoat Capital.
La Ley de Reducción de la Inflación impone un impuesto mínimo corporativo del 15% (AMT, por sus siglas en inglés) dirigido a las empresas que ganan más de 1.000 millones de dólares al año. Otras partes de la ley incluyen créditos fiscales para la captura de carbono convencional, así como créditos para hidrógeno y biocombustibles.
"Para las grandes empresas integradas, el hecho de que la ley incluya créditos fiscales para la captura de carbono, los biocombustibles y el hidrógeno es, en realidad, un aspecto netamente positivo para estas empresas, que ahora disponen de una buena plataforma para acelerar sus planes de inversión en renovables", apunta Mark Lacey, gestor especializado en transición energética.
"Sin embargo, las empresas de exploración y producción (E&P) más pequeñas e independientes, están considerablemente más expuestas al AMT del 15% y a los mayores costes de alquiler. Y algunas están muy expuestas al plan de la legislación de imponer una tasa inicial de 900 dólares/tonelada de exceso de metano emitido por muchas instalaciones, incluyendo pozos, equipos de procesamiento, tanques de almacenamiento y tuberías", puntualiza Lacey.
Más del 35% de la producción de petróleo y gas en tierra firme de Estados Unidos sigue procediendo de los más de 15.000 pequeños operadores privados independientes. "Estas son las empresas que creemos que van a soportar todo el impacto financiero de la nueva legislación", sentencia Lacey.
Las energías renovables gozan de un amplio apoyo en Estados Unidos. En todo el país se construyen nuevos proyectos eólicos y solares que aportan inversiones de capital, puestos de trabajo, impuestos sobre la propiedad y aportan estímulos económicos a las distintas comunidades.
No obstante, los expertos indican, en relación a si era esto lo que se esperaba de la ley, que "la incertidumbre se reduce siempre a la acción: cómo y cuándo se manifiesta este apoyo".
