• El impuesto más controversial es el impuesto a las operaciones financieras o CPMF
  • Los recortes afectan a los programas de salud y de viviendas económicas
dilma-rousseff_630px

Brasil está en una verdadera encrucijada. En medio del profundo descontento social que han provocado los casos de corrupción, se suma la difícil situación económica que enfrenta el país y que ha llevado al gobierno de Dilma Rousseff a llevar a cabo una serie de medidas que permitan darle estabilidad al país. Así, el gobierno de Brasil ha anunciado un recorte de gastos y aumentos impositivos por un total de 65.000 millones de reales (unos 14.937 millones de euros), como parte de su plan para cerrar el déficit presupuestario que ha provocado la rebaja de su nota crediticia a bono basura.

"Estamos atravesando tiempos difíciles y tenemos que ajustar un montón de cosas", dice el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.

Según destaca la agencia Reuters, el mayor punto del plan es el restablecimiento del impopular impuesto a las operaciones financieras conocido como CPMF (Contribución Provisoria sobre Movimientos Financieros), que podría permitir recaudar 32.000 millones de reales el próximo año si lo aprueba un Congreso que se opone a nuevos tributos.

Por su parte, el drástico recorte de gastos afecta a programas de salud y de viviendas económicas, inversiones en infraestructura y subsidios agrícolas, así como salarios y bonificaciones para empleados públicos.

El Gobierno redujo los subsidios fiscales a la industria química, recortó los reembolsos a exportadores de productos manufacturados en 2.000 millones de reales, y elevó el impuesto a las ganancias de capital hasta un 30 por ciento para generar nuevos ingresos por 1.800 millones de reales.

EL OBJETIVO DEL GOBIERNO

El objetivo de las medidas es recortar el déficit de 30.000 millones de reales en el presupuesto de 2016, que la presidenta Dilma Rousseff envió al Congreso el mes pasado, y alcanzar la meta de superávit primario de un 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB).

"Estamos atravesando tiempos difíciles y tenemos que ajustar un montón de cosas", dijo en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.

Esta última ronda de recorte de gastos incluye la eliminación de 10 ministerios federales en Brasilia, una medida simbólica que sólo permitirá ahorrar 200 millones de reales.

En todo caso, como bien recuerda la agencia, los recortes en salud pública y vivienda serán un trago amargo para Rousseff, quien junto a su Partido de los Trabajadores se ha resistido a aplicar la tijera en los programas sociales.

LA SITUACIÓN DEL PAÍS...

Lo cierto es que la previsión del déficit presupuestario en 2016 le costó a Brasil que Standard & Poor's le quitara su duramente conquistado grado de inversión la semana pasada, y otras calificadoras decidirían lo mismo en el corto plazo.

El miércoles 10 de septiembre la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's rebajaba la nota crediticia de Brasil a "BB+" desde "BBB-", con panorama negativo, dejando al gigante sudamericano sin su codiciado grado de inversión. S&P explicaba que el panorama negativo asignado a la nota de Brasil refleja una probabilidad mayor del 33% de una futura rebaja debido al deterioro de su posición fiscal. La decisión de la agencia suponía así un duro revés para el Gobierno de Brasil, que está haciendo frente a una crisis económica y política y que se ha visto obligado a adoptar medidas que rechazaba inicialmente.

En todo caso, el gobierno es consciente que una rebaja a grado especulativo por parte de una segunda calificadora podría obligar a muchos fondos de pensiones extranjeros y a otros grandes inversores a desprenderse de sus bonos brasileños.

Lea también:

El recorte de S&P a Brasil penaliza a Santander y Telefónica, con importantes intereses en el país

La Champions League y Brasil: dos riesgos para las acciones de Telefónica

contador