- El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la medida el pasado 22 de febrero
- Esta nueva prórroga a la que ha dado luz verde el Consejo de Ministro se extenderá hasta 2020
El Gobierno ha dado luz verde durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes al decreto ley por el cual se aprueba la segunda prórroga para la moratoria antidesahucios, pues la primera expira el próximo mes de mayo. Tal y como ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, la prórroga se extiende hasta el año 2020 (como pedía la oposición) y cree que contará con "amplio apoyo" en su convalidación en el Congreso de los Diputados.
Según datos del Ministerio de Economía, a cierre de 2016, el Fondo Social de Viviendas (FSV) había adjudicado 9.020 viviendas
La primera prórroga fue aprobada por el Ejecutivo en febrero de 2015, cuando acordó extender también en dos años, hasta 2017, la suspensión de lanzamientos que vencía en mayo de ese mismo año, una medida que incluyó en el Real Decreto Ley de Mecanismos de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, recoge Europa Press.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el pasado 22 de febrero que la intención del Gobierno era la de prorrogar hasta mayo de 2019 esta moratoria, un plazo que los grupos del Congreso, a excepción del PP, pretendían que se ampliase a tres años (hasta 2020). Finalmente, ha confirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la prórroga se extiende "tres años, hasta 2020". Además, ha confirmado que las familias con hijos menores de edad, las monoparentales, afectados por violencia de género o con discapacidad se incluyen como vulnerables, y que el Código de Buenas Prácticas que se incluye en el decreto contemplará la opción de alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido.
El decreto ley que ha abordado el Ejecutivo de Mariano Rajoy también amplía las medidas de protección a deudores hipotecarios afectados por la crisis a las familias con menores de edad a su cargo, no solamente hasta los tres años. Según datos del Ministerio de Economía, a cierre de 2016, el Fondo Social de Viviendas (FSV) había adjudicado 9.020 viviendas, lo que supone más del 90% de los pisos disponibles para colectivos vulnerables.
Hasta el mes de febrero, más de 76.600 familias se han beneficiado de los instrumentos puestos en marcha en 2012 por el Gobierno con el objetivo de paliar los efectos de la crisis en la problemática de los desahucios. Según datos de Economía, desde entonces se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y unas 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas mediante 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago.
El FSV se creó en 2013 con un fondo de 5.892 viviendas aportadas por bancos para dar asistencia a familias vulnerables mediante alquileres reducidos, es decir, entre 150 y 400 euros al mes con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar.
"Este decreto que amplía la protección a los deudores hipotecarios. Hemos mejorado los criterios de lo que se consideraba familias vulnerables, y del alquiler a determinados grupos", ha explicado De Guindos, que ha dicho que el Gobierno ha "negociado con otros grupos de la oposición" y que por eso cree que "habrá apoyo amplio en su aprobación". Para el ministro de Economía, no obstante, "lo importante no son las medidas paliativas, sino que llevamos dos años con caídas en el número de desahucios de vivienda habitual (caen al 30%)", y ha señalado que "la razón fundamental" de ello es "la recuperación económica y la creación de empleo". También ha dicho que un 95% de las familias pagan su hipoteca mes a mes, por lo que el decreto sólo actúa sobre el otro 5% restante.
9.866 VIVIENDAS
Desde su creación, en 2013, el FSV ha aumentado la dotación hasta 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras y su vigencia se ha prorrogado hasta el 17 de enero de 2018. La ampliación a 9.866 viviendas se acordó en septiembre de 2015 y en ese momento se incluyeron nuevos colectivos con derecho a la obtención de una vivienda del FSV (personas mayores de 60 años y matrimonios o parejas de hecho sin hijos). Estos requisitos se unieron a los que ya incluía el FSV.
Al fondo se pueden acoger quienes hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo los que no hayan sido desalojadas o los que hayan acordado la dación en pago. Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
Además, deben ser familia numerosa, tener menores de edad a su cargo o una persona con discapacidad, que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones, ser víctima de violencia de género, ser prejubilado o jubilado y haber avalado con su vivienda a hijos o nietos y todas las personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social de acuerdo con el informe de los servicios sociales.
FUSIÓN BANKIA-BMN y ESTIBADORES
En el turno de preguntas, De Guindos ha hablado sobre la fusión de Bankia y BMN y el decreto de la estiba que tumbó el Congreso este jueves. Según el ministro, la "mejor oferta" que llegó por BMN "era entre 1.100 y 1.300 millones". "Se comparó con la fusión con Bankia, y teniendo en cuenta que había sinergias y que el 65% de ellas beneficiaban al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se decidió ir por esa vía". Además, ha dicho el titular de Economía, "la cotización de Bankia ha reflejado un incremento del cual en un 65% se ha beneficiado el FROB y por tanto todos los españoles".
"El Gobierno va a ponerse en contacto con la oposición para ver cómo cumplir la normativa europea sobre la estiba y evitar la multa que afectaría al bolsillo de todos los españoles"
Además, al ser preguntado si está seguro de que la aprobación del decreto sobre los desahucios está bastante asegurado teniendo en cuenta lo que pasó este jueves con el decreto de la estiba, De Guindos ha dicho que sí porque "ha habido aportaciones de todos los grupos, y eso es una señal positiva". El ministro cree que "el tema de la estiba deriva de nuestras obligaciones con la Unión Europea, y no existe una UE a la carta. Si estamos, estamos para todo. No es una buena señal, pero no por lo político, sino de cara a Bruselas", ha considerado, y tras eso ha asegurado que "el decreto ley cumple estrictamente lo que se nos ha indicado en Bruselas. Forma parte de la normativa comunitaria que tenemos que cumplir".
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también ha hablado del decreto de la estiba y, como su compañero de gabinete, ha insistido en que sólo "daba cuenta del cumplimiento de una sentencia del TJUE" que "obligaba a reformar la legislación". Además, ha aprovechado para hacer un "llamamiento a la reflexión" a la oposición, porque en su opinión lo ocurrido este jueves en el Congreso "no favorece a la imagen de España". "El Gobierno va a ponerse en contacto con todas las formaciones para ver cómo cumplir la normativa europea y evitar la multa que afectaría al bolsillo de todos los españoles".
