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EUROPA PRESS - Archivo

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan del "riesgo de inconstitucionalidad" que tiene la nueva regulación de la base imponible de la plusvalía municipal aprobada por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto ley. El Ejecutivo diseña uno de los elementos esenciales del tributo "prescindiendo de una ley ordinaria", señalan en un comunicado.

Gestha recomienda que una vez se convalide en el Congreso, se tramite como proyecto de ley para eliminar cualquier posibilidad de ser recurrido y tumbado de nuevo por la Justicia.

El Tribunal Constitucional determinó el pasado 26 de octubre la inconstitucionalidad de varios preceptos de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Esta anulación dejaba a los consistorios locales sin una de sus principales vías de ingresos, por lo que el Gobierno se ha apresurado a sacar adelante una medida que garantice dicho tributo.

Según Gestha, la tramitación como proyecto de ley mejorará el contenido y la redacción, logrando una mayor estbailidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la plusvalía con la nueva normativa, pidiendo a los tribunales que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.

Asimismo, los técnicos de Hacienda urgen a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas fiscales antes de los seis meses de plazo que da la nueva norma puesto que, según sus cálculos, cada mes que pase sin la regulación supone 170 millones de euros para las arcas municipales.

A esto hay que añadir que los consistorios no van a poder reclamar la plusvalía de las transmisiones que se produzcan en las próximas semanas hasta que no saquen adelante la regulación local. "La nueva ley nunca podría ser retroactiva", señalan desde Gestha.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda reconocen al Gobierno que haya recogido su propuesta para que el nuevo impuesto municipal grave las plusvalías especulativas generadas en menos de un año. Sin embargo, alertan de que la nueva ley resulta contradictoria por poder "tributar por los valores catastrales del suelo e índices que fije anualmente el Gobierno o por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión, si es más favorable y puede justificarse por el contribuyente".

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