Francia se asoma al abismo. Y es que la moción de confianza convocada por el primer ministro galo, François Bayrou, para el próximo 8 de septiembre, abre la puerta a un otoño al rojo vivo. Los partidos de la oposición ya han avanzado su voto en contra y el órdago lanzado por el jefe de Gobierno -"o el caos o la responsabilidad"-, pone al Parlamento francés en una encrucijada que deja profundamente herido al Ejecutivo.
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De hecho, y de no lograr antes un acuerdo con alguna formación opositora, lo más probable es que, tras perder la votación, Bayrou presente su dimisión al presidente del país, Emmanuel Macron, que podría no aceptarla, y mantener al primer ministro al frente del Gobierno; o aceptarla, y nombrar a un nuevo primer ministro. También tiene la opción de convocar elecciones legislativas, algo que ha señalado no desea hacer.
Por ello, el resultado más presumible, dadas las actuales condiciones parlamentarias, es la caída del Gobierno -que sería la segunda en menos de un año-.
"Es muy probable que el Gobierno pierda la moción, lo que daría lugar a nuevas incertidumbres políticas y presupuestarias en Francia", expresa Mitch Reznick, director del grupo de renta fija para Londres en Federated Hermes.
Así, las divisiones no resueltas en la Asamblea francesa corren el riesgo de agravar la inestabilidad política y los desafíos crediticios asociados, dado el gran déficit presupuestario y el aumento de la deuda pública.
"Las consecuencias serían negativas desde el punto de vista crediticio, dadas las opciones que le quedarían al presidente Emmanuel Macron: o bien nombra a un nuevo primer ministro -el quinto en cuatro años- encargado de formar un nuevo Gobierno, o convocar nuevas elecciones legislativas anticipadas -las segundas en dos años-", afirman Thomas Gillet y Brian Marly, analistas de sector público y soberano de Scope Ratings.
En este sentido, desde la agencia consideran que, hasta ahora, el nombramiento de un nuevo primer ministro que deba hacer concesiones sobre el presupuesto de 2026 parece "más probable" que otra disolución del Parlamento, dada la posibilidad de otro bloqueo político provocado por las divisiones entre partidos de extrema izquierda o de extrema derecha.
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"El estancamiento político, por tanto, socava la reducción prevista del déficit presupuestario al 5,4% en 2025 y al 4,6% en 2026, desde el 5,8% del PIB en 2024. En cambio, nuestro escenario base es que el déficit presupuestario de Francia se reduzca solo al 5,6% del PIB en 2025 y al 5,3% en 2026", dicen Gillet y Marly.
Además, se muestran más conservadores que el Gobierno respecto a las perspectivas de consolidación fiscal a largo plazo, principalmente debido a las mayores tasas de refinanciación de Francia.
"Se prevé que los pagos netos de intereses aumenten hasta aproximadamente el 4% de los ingresos del Gobierno en 2025 desde el 3,6% en 2024, en línea con Bélgica (AA-/Negativo, 3,8%) pero aún por debajo de España (A/Estable, 5,2%) y el Reino Unido (AA/Estable, 6,6%)", añaden.
De manera similar, indican que los rendimientos de los bonos del Gobierno francés a 10 años han aumentado de forma moderada pero constante hasta el 3,5%, convergiendo con los de España e Italia (BBB+/Estable).
"Dadas estas proyecciones fiscales más débiles, esperamos que la relación deuda/PIB de Francia continúe aumentando hasta alrededor del 122% en 2030, desde el 113% en 2024, por encima del objetivo gubernamental del 117% para 2029".
DESAFÍO CREDITICIO
Pase lo que pase, lo que está ocurriendo en Francia es, para Link Securities, un buen "toque de atención" para otros países europeos que, aunque en menor medida, presentan elevados déficits estructurales y unos niveles de deuda descontrolados, que generan ingentes volúmenes de pagos de intereses anuales.
"La necesidad de reformas estructurales, imprescindibles en Francia, digan lo que digan los partidos 'populistas' de derechas o de izquierdas, se extiende a otras economías de la región, entre ellas España e Italia", opinan estos expertos.
Es más, en Scope subrayan que la incertidumbre política de cara a las elecciones municipales en marzo de 2026 y a las elecciones presidenciales en abril-mayo de 2027 sigue siendo un desafío crediticio clave.
"Por ello, las perspectivas fiscales a medio plazo de Francia siguen limitadas por un panorama político fragmentado, una polarización política creciente y un calendario electoral que dificulta los compromisos políticos sobre reformas económicas y presupuestarias", remarcan.
OPORTUNIDAD DE COMPRA ANTE LA ADVERSIDAD
La actual situación que atraviesa Francia es un déjà vu de la vivida en diciembre de 2024, cuando Michel Barnier presentó su dimisión tras el éxito de la moción de censura contra el Gobierno.
Precisamente, el caos político desatado entonces en el país galo nacía por los Presupuestos para 2025, y ahora lo hace como consecuencia de los planes presupuestarios para 2026.
Si bien, esta incertidumbre política puede generar cierto riesgo a la baja para el crecimiento, en JP Morgan observan que el impacto sobre el capital es limitado por la volatilidad de los diferenciales de bonos y crédito, más allá de un pequeño freno en los volúmenes de préstamos.
"El principal impacto en las ganancias (de los bancos franceses) provendría de posibles impuestos: dado el complicado camino fiscal, es razonable asumir que el recargo impositivo podría extenderse, lo que reduciría el BPA estimado para 2026 en un 0,9% para Société Générale, un 1,6% para BNP y un 3,3% para Crédit Agricole, según nuestras estimaciones", valoran.
Sin embargo, la entidad estadounidense ve la reciente debilidad como una oportunidad de compra para Société Générale, "que cotiza a un PE no exigente de 5,8 veces, 0,6 veces NAV para un RoNAV de 11,4% en 2027, con expectativas aún razonables de rentabilidad y potencial al alza en recompras".
Una opinión compartida con los estrategas de Jefferies, para los que Société Générale también es su principal recomendación. "Los inversores en renta variable han incrementado el coste de capital de los bancos en aproximadamente 100 puntos básicos (frente a 20 pb en el sector) debido a temores de inestabilidad gubernamental y a una posible rebaja de la calificación crediticia soberana", concluyen.
