El cambio de la Constitución que opera desde ayer impide al Gobierno cumplir el programa

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Todos recordamos que, en el año 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó una reforma constitucional forzado por nuestros socios comunitarios, en especial Angela Merkel. España entraba en la segunda e inesperada recesión, y las medidas extraordinariamente expansivas adoptadas por el Ejecutivo había disparado el déficit hasta el 11% del PIB, lo que colocaba al país al borde de la insolvencia.

Con este panorama, Bruselas nos obligó a modificar el artículo 135 de la Constitución para incluir la estabilidad presupuestaria como un principio obligatorio de la política económica y la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, con el fin de evitar un impago de la misma.

De lo que poca gente se acuerda es que aquella reforma tenía una segunda parte para la que había un período transitorio... que terminaba el 31 de diciembre de 2019. Es decir, este 1 de enero comienza a aplicarse el apartado 2 del citado artículo 135, que dice literalmente: "El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario".

ES NECESARIO UN DURO AJUSTE PARA CUMPLIR

Es decir, a partir de este miércoles España está obligada constitucionalmente a cumplir los objetivos de déficit estructural (el que no tienen en cuenta los gastos extraordinarios o la caída de ingresos derivados del ciclo económico) marcados por Bruselas -sin entrar en que los 8.000 ayuntamientos no pueden tener déficit a partir de ahora, que ahí hay mucha tela que cortar-.

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Y, ya de saque, vamos mal. En 2019, la Comisión Europea prevé que nuestro país se pase en un 0,8% del PIB del objetivo de déficit estructural fijado. Para 2020, Bruselas nos pide reducirlo en otro 0,65% del PIB, lo cual supone unos 9.600 millones de euros de ajuste adicional.

Por tanto, para cumplir esta reducción del déficit que es obligatoria a partir de este año, el nuevo Gobierno tendría que aplicar unas duras políticas de ajuste, es decir, de reducción de gastos y/o subida de impuestos. Algo que choca frontalmente con el programa presentado este lunes por PSOE y Unidas Podemos, que incluye fuertes aumentos del gasto y unas subidas de impuestos muy reducidas, insuficientes para financiar el incremento del gasto.

LAS SUBIDAS DE IMPUESTOS, INSUFICIENTES

Este programa no incluye memoria económica, pero algunos medios estiman que supone unos gastos adicionales de hasta 35.000 millones debido a medidas como la nueva renta mínima que cubrirá la Seguridad Social. Por el contrario, las subidas de impuestos tendrán un impacto mucho menor. Las recogidas en los Presupuestos no aprobados en 2018 -tasas Tobin, Google y diesel, Impuesto de Patrimonio, subida del IRPF a las rentas altas y endurecimiento de Sociedades- se quedaban en 5.700 millones, según los optimistas cálculos del propio Ejecutivo.

Y ahora, además, se ha prorrogado la exención total del Impuesto sobre el Patrimonio y se minora la tasa diésel "evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES", lo cual reducirá su recaudación sobre lo estimado hace un año, lógicamente. Es decir, la subida de impuestos es claramente insuficiente para cubrir el aumento del gasto, por mucho que no llegue a los 35.000 millones citados.

PSOE y Podemos insisten en que "desarrollaremos una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y la reducción del déficit y de la deuda pública". Pero casi nadie se lo cree, y menos a la vista de la desaceleración económica que se avecina y de unos ingresos fiscales que ya solo crecen el 1,8% interanual. El problema es que, a partir de este miércoles, el incumplimiento del déficit es inconstitucional.