El Tribunal Supremo ha hecho públicas las sentencias que sientan jurisprudencia sobre el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados dictadas por la Sala Tercera el pasado 6 de noviembre tras un pleno maratoniano que se extendió más de quince horas. Los magistrados decidieron, en una ajustada votación, que el tributo que se abona en la constitución de una hipoteca debe pagarlo el cliente, una decisión que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios que debaten sobre la nueva hipotecaria ya han enmendado.
Las tres sentencias, que desestiman sendos recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, tienen una extensión superior a 180 páginas cada una, de las cuales la mayor parte la ocupan los votos discrepantes. En cada una seis jueces han mostrado su oposición al criterio a través de votos particulares, entre los que se encuentran los tres magistrados que dictaron las sentencias que dieron lugar a la polémica, en las que resolvían que el banco era el sujeto pasivo de este impuesto.
A estos votos se han adherido otros seis magistrados. Más concretamente, hay dos votos, los de Pablo María Lucas Murillo de la Cueva y de Francisco José Navarro Sanchís (el más extenso, pues ocupa 62 páginas), a cada uno de los cuales se han sumado tres jueces. Estos votos ponen de manifiesto la profunda división de la Sala que tuvo que decidir en pleno sobre esta cuestión.
No obstante, estas oposiciones, a pesar de tener todo el sentido jurídico, quedan aparcadas tras la decisión del Gobierno de aprobar dos modificaciones legislativas para trasladar a los bancos este coste y la de los grupos parlamentarios que asignar a las entidades todos los gastos de constitución de la hipoteca salvo el de tasación en la próxima ley hipotecaria, que verá la luz el año que viene.
