El dilema de la CNMV ante las ICOs: colocar a España a la cabeza o a la cola de la revolución del 'blockchain'

El regulador se enfrenta a este asunto con la mente abierta

  • La postura oficial es esperar "posibles enfoques coordinados o desarrollos normativos a nivel nacional, europeo o internacional"
Noemí Jansana
Bolsamania | 24 abr, 2018 07:00 - Actualizado: 12:49
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Entre preservar los intereses de los inversores y aprovechar la oportunidad de oro de atraer inversión y sentar las bases de una industria que está en ciernes y que se ubicará en el país que le ofrezca un entorno regulatorio más amable”, tal como señala el gestor del fondo Spice VC, Carlos Domingo. Así están el Ministerio de Economía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante la eclosión de las emisiones iniciales de monedas virtuales (ICOs) y la blockchain. En la compleja tesitura de no poner demasiadas trabas, pero sí de colocar las justas para que no proliferen los ‘chiringuitos’.

Los pasos dados hasta el momento son insuficientes para un sector que se queja de la ausencia de “un marco claro en España y en la Unión Europea (UE)” que permita desplegar con garantías estas emisiones de tokens virtuales a cambio de financiación para startups. Y que avisa de que una aplicación demasiado estricta de lo que por el momento son advertencias y “orientaciones iniciales” por parte de la CNMV provocará que nuestro país se pierda el tren de la transformación tecnológica de la cadena de bloques. Por ahora, el Banco de España ha identificado una veintenta de iniciativas de este tipo que operan en España desde Suiza, Singapur, Estonia y Gibraltar de la mano de promotores españoles.

El sector se queja de la ausencia de “un marco claro en España y en la Unión Europea (UE)” que permita desplegar con garantías las emisiones de tokens virtuales

La postura del regulador hasta la fecha ha sido inequívoca. En varios comunicados, el más reciente emitido de forma conjunta con el Banco de España a inicios de febrero, pone la alerta sobre los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas, ICOs y ’tokens’ -que traduce como ‘vales’-. Advierte que no están regulados ni autorizados en nuestro país ni en la Unión Europea, por lo tanto el inversor se halla a su suerte. Hace hincapié también en que son productos altamente especulativos y que no están salvaguardados por “ningún mecanismo similar al que protege el efectivo o los valores depositados en entidades de crédito y empresas de servicios de inversión”.

Asimismo, en un movimiento que calca los pasos dados por la Securities Exchange Comission estadounidense (SEC por sus siglas en inglés), considera que este tipo de emisiones tienen las características de valores y, por lo tanto deben circunscribirse a sus normas.

En el último listado de entidades consideradas “sospechosas” ha dado un modesto paso más para estrechar su cerco sobre las ‘criptos’. Enumera más de 30 páginas web relacionadas con estos activos, entre las que destacan las bolsas de monedas virtuales Coinbase y Kucoin y avisa que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV.

No obstante, de puertas adentro, la discusión está más viva que nunca en el seno de la entidad presidida por Sebastián Albella y el regulador no ha dicho su última palabra. Fuentes conocedoras de las conversaciones que se mantienen a varios niveles explican a 'Bolsamanía' que el organismo se enfrenta a este asunto con la mente abierta, pero que hay quien desearía dar carpetazo a las ICOs, ya que consideran a estos activos una bomba de relojería y “nadie quiere encontrarse con un nuevo Fórum Filatélico” entre manos.

La CNMV se enfrenta a este asunto con la mente abierta, pero que hay quien desearía dar carpetazo a las ICOs porque nadie quiere encontrarse con un nuevo Fórum Filatélico entre manos

Entre los defensores y detractores de las ICOs y las ‘criptos’ en la autoridad de los mercados, la postura oficial se impone y también pasa por esperar “posibles enfoques coordinados o desarrollos normativos a nivel nacional, europeo o internacional”. Y en hacer hincapié en que “en términos de regulación nacional, la competencia es exclusiva del Gobierno y del Ministerio de Economía”, señalan fuentes de la CNMV. Y es ahí donde se abre un resquicio de esperanza para este ecosistema empresarial en ciernes. El Partido Popular está ultimando un proyecto de ley con el que espera empezar a atraer a las empresas que utilicen tecnologías basadas en la cadena de bloques o se decanten por las ICOs como una herramienta de financiación.

Porque las revoluciones no esperan y el Ejecutivo popular es sabedor de que es ahora o nunca, trabaja para facilitar un marco legal destinado a "crear las condiciones adecuadas para que España sea origen de nuevas criptomonedas". Eso, sin descuidar los riesgos que conllevan. Así que la CNMV, que ya tiene demasiado en su plato, después de la reciente pugna con el Gobierno por Abertis, hace ejercicios de funambulista para alinear los intereses de Moncloa, de las empresas que no desean tener que emigrar en busca de pastos más verdes para sus ICOs y de los inversores que luego les pedirán cuentas si son víctimas de un fraude o de malas praxis.

MISIÓN: EVITAR EL FOLLETO DE EMISIONES DE VALORES

Los números no son nada alentadores. De todas las emisiones de este tipo que se lanzaron el año pasado, casi la mitad han fracasado o sus promotores han huido con los fondos recaudados. En cifras, cerca de 2.500 millones de dólares, de los 5.000 que se recaudaron el año pasado mediante tokens de nuevo cuño, se han evaporado. Por este motivo, el supervisor prefiere ser estricto y “decantarse por considerar a todas estas emisiones de empresas que buscan financiación como valores negociables o que presentan similitudes con estos”, explica Jorge Ferrer, de la firma finReg, entidad cofundadora de la Asociación Española de Tokens e ICOs (AETOK), el primer lobby que en España mira por los intereses del sector.

“Su preocupación es legítima porque su misión es proteger al público”, indica María Gracia Rubio de Casas, de la firma de abogados Rubio de Casas. También miembro cofundador de AETOK, asegura que si el regulador insiste en aplicar la regulación existente a las ofertas públicas de acciones está condenando al sector a la asfixia, porque “la mayoría de estas startups no cuentan con el equipo humano que se necesita para enfrentarse a la complejidad de la redacción de un folleto”.

Este documento consiste en información completa y legalmente obligatoria que detalla las características de una emisión pública de títulos valores. Y precisa, entre otras cosas, la situación financiera del emisor, las perspectivas futuras, los administradores o el fin al que se van a destinar los fondos. Para la CNMV, “que los ‘tokens’ atribuyan derechos o expectativas de participación en la potencial revalorización o rentabilidad de negocios” y que generen expectativas de “obtención de beneficios”, los coloca directamente bajo el paraguas de la emisión de valores comercializables.

Por este motivo, la entidad se halla mano a mano con el regulador para conseguir que España siga los pasos de Suiza y se convierta en el nuevo ’Silicon Valley’ de las startups basadas en la blockchain. Y lleva a cabo un diálogo con instituciones, autoridades y supervisores y reguladores nacionales comunitarios para desarrollar una regulación ‘ad hoc’ del sector ICO, que permita ejercer una “gobernanza de los fondos que reciben las startups y que pueda preservar los intereses de los inversores”.

La mayoría de estas startups no cuentan con el equipo humano que se necesita para enfrentarse a la complejidad de la redacción de un folleto

EL ETERNO DEBATE: VALORES, UTILITES O VALES

Todos los esfuerzos están concentrados, actualmente, además de en desplegar esta iniciativa, en lograr que la CNMV flexibilice sus primeras impresiones sobre las ventas de tokens y sea capaz de distinguir entre aquellos activos criptográficos puramente especulativos (valores) y aquellos que dan acceso a una serie de servicios o de derechos sobre un producto en desarrollo (los llamados utilities).

Es el eterno dilema sobre el que ni la misma SEC ha sido capaz de arrojar luz, pero que la FIMNA suiza fue pionera en dividir y “hasta en crear una tercera categoría”, explica Alejandro Gómez de la Cruz, consejero delegado de la plataforma Icofunding.com, también cofundadora de AETOK. Son los ‘vales’ o dinero interno que se puede adquirir para intercambiar por servicios en una empresa.

Pero no es tan sencillo. “El problema es que ningún regulador ha logrado definir con claridad cuándo un activo virtual emitido en una ICO es claramente una ‘utility’”, explica Gómez de la Cruz. No ha sido capaz la SEC, que también ha optado por ser ‘más papista que el Papa’ y meterlos a todos en al saco de emisiones de valores y la propia Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés) “no se ha mojado”, apunta el también experto en leyes.

El diablo está en los matices y, en este caso, también en la falta de unos criterios claros que diferencien un tipo de tokens de otros y de las interpretaciones a los que se sujetan. En definitiva, a que se alcance un consenso sobre si un token es un producto financiero o una mera plataforma de micromecenazgo para el lanzamiento de un producto.

LA PROPUESTA DE AETOK: EL COIN GOBERNANCE SYSTEM

La falta de protección de los inversores ante esta categoría de activos virtuales a cambio de servicios es otro de los desvelos de los reguladores. Pero Gómez de la Cruz estima que es posible un triple amparo: “En primer lugar, desde una vertiente legal e imperativa, mediante sanciones y en la que la legislación actual sobe protección a los consumidores debería bastar”.

Ningún regulador ha logrado definir con claridad cuándo un activo virtual emitido en una ICO es claramente una ‘utility’

En segundo lugar, el consejero delegado de Icofounding.com aboga por el “ordenamiento natural” del mercado y, por último, hace hincapié en que el propio blockchain “permite introducir unas reglas de juego que deben cumplirse”.

Aquí es donde AETOK juega un papel primordial en “mejorar el ecosistema mediante la publicación de un libro blanco de buenas prácticas que listará ejemplos, sugerencias e imperativos” para las empresas del blockchain, argumenta. Y en el desarrollo de la joya de la corona de Icofiunding, el ‘Coin Gobernante System’, que sus creadores definen como una “autorregulación tecnológica”.

Gómez de la Cruz relata que mediante un mecanismo de arbitraje descentralizado, el sistema que han ideado y que es pionero en el ecosistema de las startups de la cadena de bloques resolverá conflictos entre los inversores y lo promotores de una emisión de moneda digital. Se basa en un contrato inteligente que tras la fase de recaudación de fondos de la ICO los "guarda" en una hucha que “funciona como un grifo”, relata Gómez de la Cruz, y que libera capital de forma constante, a razón de una determinada suma cada segundo, durante un plazo de tiempo.

Si los participantes en la ICO detectan irregularidades, el sistema les permite abrir una demanda “con al menos un 5% del total de tokens emitidos”. Inmediatamente se bloquea el flujo de capitales y esta se somete a votación de la comunidad de árbitros del Coin Gobernante System. Esta figura actúa como un “juez” imparcial y es la innovación de Icofounding.com, ya que evita que los inversores se unan contra una startup y la acusen de malas praxis movidos por intereses ocultos.

El resultado de la votación siempre es binario: puede darle la razón al demandante o no dársela. En el caso de que los árbitros estimen que la queja no procede, el sistema volverá a la normalidad y la startup seguirá recibiendo sus fondos. En cambio, si se da la razón al demandante, permitirá a todos los inversores retirar los fondos invertidos.

“La herramienta evita pérdidas millonarias en un sector en el que se han cometido muchas irregularidades y elimina volatilidad del mercado”, asegura Gómez de la Cruz. Pero tiene muy claro que de nada vale si no hay presión entre las startups para hacer los lanzamientos mediante esta plataforma, por lo tanto, están orientándola a los grandes fondos “para que sean ellos quienes obliguen a los promotores de las emisiones de tokens a sujetarse a este sistema de gobernanza”.

España podría avanzarse y tomar un atajo en el que se establecerán una serie de criterios en paralelo, al igual que ya ha hecho la FINMA Suiza y que Malta, que “elabora un marco similar”

¿MOVERÁ FICHA LA CNMV ANTES QUE LA UE?

De vuelta al regulador, Rubio de Casas pone el acento en que esta novedosa administración de las ICOs solventa gran parte de las inquietudes que hay la mesa y puede invitar a la CNMV a mover ficha antes que la ESMA y la Comisión Europea.

Por este motivo, explica la experta en leyes que España podría avanzarse y tomar un atajo en el que se establecerán una serie de criterios en paralelo, al igual que ya ha hecho la FINMA Suiza y que Malta, que “elabora un marco similar”, añade. La CNMV, no obstante, no quiere correr antes que andar y señala a 'Bolsamanía' que “la regulación debe ser internacional dadas las características de estos productos”. En esto están trabajando ESMA o el Consejo de Estabilidad Financiera de la UE, por ejemplo.

“Lo más probable es que se emita una regulación orquestada”, pronostica por su parte Ferrer. Menos optimista que sus homólogos de AETOK, cree el experto de finReg que “todos los activos criptográficos acabarán circunscritos a las emisiones de valores”. En tal caso, “se adaptarán las leyes existentes a las emisiones de tokens”. Pero los plazos no son alentadores, ya que tramitar esta legislación puede tardar uno o dos años en el seno de la UE. Un camino largo que no juega a favor de que España lidere la disrupción tecnológica de nuestra era.

El Banco de España ha dado pistas de hacia donde se encaminará el nuevo marco legal. El subgobernador del supervisor bancario, Javier Alonso, ha apuntado durante la clausura de unas jornadas organizadas por Garrigues sobre 'La Revolución Fintech' que la respuesta a este reto no está en buscar planteamientos "de carácter rupturista", sino en identificar los paralelismos existentes con otros instrumentos financieros y aplicar los principios rectores de la regulación internacional donde no sea posible.

"El marco resultante debe ir enfocado a garantizar un tratamiento homogéneo de situaciones equivalentes, adaptando las exigencias al perfil de riesgo específico tanto de las funciones económicas que desempeña cada familia de criptoactivos como al de las actividades que se desarrollan a su alrededor", ha señalado.

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